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EDITORIAL

TV3 y Catalunya Ràdio al servicio del delito

Es una espléndida noticia la independencia que ha mostrado con este escrito la Fiscalía respecto a un Gobierno como el de Pedro Sánchez

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Aunque muchas veces silenciado, siempre fue público y notorio el servicio prestado por los medios de comunicación dependientes de la Generalidad al ilegal proceso de secesión de Cataluña emprendido en la Diada de 2012 y, más concretamente, a la celebración de los dos referéndums delictivos perpetrados el 9 de noviembre de 2014 o el 1 de octubre de 2017. Por si la decisiva labor propagandística de TV3 y Catalunya Ràdio a favor de dicho delictivo proceso de independencia no hubiera resultado siempre lo suficientemente elocuente, recuérdese que el propio gobierno golpista de Artur Mas ya justificó en plena crisis económica como la que padecíamos en 2014 el aumento de los presupuestos destinados a estos medios de comunicación precisamente por su "papel principal en el proceso de construcción nacional". Eso, o algunas de las denuncias como la que, contra la "falta de imparcialidad" de dichos medios de comunicación a cargo del contribuyente presentó en su día el Colegio de Periodistas de Cataluña.

Aunque no sea extraño que la cúpula directiva de estos medios de comunicación, designada por unos golpistas como Mas o Puigdemont, los pusieran al servicio de este inacabado golpe de Estado, no deja de resultar bochornoso el tiempo que ha transcurrido hasta que nuestro sistema de administración de Justicia ha querido hacer extensibles sus acusaciones de malversación de fondos públicos y de desobediencia a estos directivos de unos medios de comunicación cuya labor de propaganda al servicio de tamañas ilegalidades fue absolutamente decisiva para poder celebrarse.

Aunque también haya que lamentar, en este sentido, que la tan tardía suspensión de la administración catalana en rebeldía, en aplicación del articulo 155 de la Constitución, no interviniera los medios de comunicación públicos de la Generalidad –junto a la Educación o a los mozos de Escuadra–, y se limitara, por el contrario, a convocar nuevas elecciones autonómicas, no deja de ser un consuelo que, en el ámbito judicial, la actuación de la Fiscalía en relación al juicio por la última consulta secesionista del 1-0 haya sentado en el banquillo a estos comisarios políticos que, con el disfraz de periodistas, regían los medios de comunicación que tanto favorecieron la comisión de los delitos. Es más. El Ministerio Público ha pedido este miércoles añadir nuevos cargos contra los responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ya procesados, como los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y la presidenta de CCMA, Núria LLorach, al ver indicios de delito de organización criminal en la actuación desplegada para impulsar el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia

Se trata de una espléndida noticia, no sólo porque atiende a la naturaleza, ciertamente, "concertada y permanente" de la actuación con la que los acusados pretendían conseguir "por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña del reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada", sino también por la independencia que ha mostrado con este escrito la Fiscalía respecto a un Gobierno como el de Pedro Sánchez dependiente de las formaciones secesionistas y que ya ha dado innumerables muestras de interés por que los acusados se enfrenten a los cargos menos graves, a los que no descarta, incluso, indultar.

Aunque ya habrá tiempo de ver si prospera esta nueva acusación, se trata además de un consuelo ante el hecho de que durante la próxima legislatura no se podrá aplicar nuevamente el artículo 155 habida cuenta que los partidarios de su aplicación (PP, Cs y Vox) no cuentan con mayoría en el Senado. De hecho, sólo desde el ámbito judicial se podrá inhabilitar a nuevo dirigente golpista de la Generalidad, Quim Torra, quien este miércoles se ha jactado ante el TSJC del delito de desobediencia por el que está siendo juzgado. Así las cosas, pese al nihilismo del Gobierno de España y de su dependencia de los separatistas, no todo está perdido si los tribunales de justicia mantienen su independencia en aras del respeto y de la continuidad de nuestra nación entendida como Estado de Derecho.

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