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Cocinando el pucherazo

La hipótesis del pucherazo no resulta descabellada si se estudia el currículum de los protagonistas del guiñol secesionista.

Eduardo Goligorsky
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Si un médico está totalmente desprovisto de material quirúrgico, será ocioso que sus colegas discutan si su especialidad lo autoriza a operar al paciente ingresado en el quirófano. No podrá hacerlo por falta de elementos, independientemente de su mayor o menor preparación. Cosa curiosa: lo mismo sucede con el trajinado referéndum catalán. Los constitucionalistas y una nutrida pléyade de expertos en Derecho pueden debatir hasta hartarse si la Generalitat está autorizada a convocarlo dentro del marco legal y, sorpresivamente, la respuesta negativa cobra forma, con rotundidad inapelable, en un artículo que se ha colado en el somatén mediático con un título que no deja lugar a dudas: "Referéndum inviable sin ley electoral" (LV, 7/4).

El golpe de gracia

Ni un eximio cirujano ni un practicante chapucero pueden operar si carecen de los instrumentos indispensables. Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Joan Botella y Josep M. Colomer, exvocal y expresidente de la comisión de expertos para la ley electoral de Cataluña (2007-2010), enumeran en dicho artículo las razones por las cuales el referéndum es inviable, y lo hacen con tanta precisión didáctica que lo entenderían hasta los párvulos a los que hacen desfilar por los fetiches del Born para lavarles el cerebro. Los párvulos lo entenderían, y si a los sabios del Consell Assesor per a la Transició Nacional no les sucede lo mismo es porque nunca han contemplado la posibilidad de ceñirse a las normas legales para lograr sus fines.

Botella y Colomer no se dejan enredar en polémicas sectarias y van al grano con un argumento sólido que desnuda desde el vamos la insolvencia del proyecto secesionista:

El próximo día 9 de noviembre no podrá haber un referéndum legal porque la Generalitat no tiene el censo electoral ni existe una Junta Electoral de Catalunya que pueda velar por el cumplimiento de las normas, defender los derechos de los votantes y acreditar el resultado. Esto se debe a que Catalunya, tras 34 años de autogobierno, no tiene ley electoral propia, por lo que depende de la Junta Electoral Central Española incluso para las elecciones autonómicas.

Después de explicar las razones por las cuales los dos partidos que hasta hace poco tiempo tenían más peso electoral en Cataluña -CiU y PSC- bloquearon la promulgación de una ley electoral que podía perjudicar sus intereses, Botella y Colomer dan el golpe de gracia:

Una gran parte de la retórica a favor de la independencia se basa en el supuesto de que los representantes políticos de los catalanes, si no dependieran del Estado español, aprobarían políticas públicas socialmente más eficientes y elevarían el nivel de calidad de la democracia. Con respecto a la ley electoral, los hechos -hasta ahora- indican lo contrario. El Parlament de Catalunya ya es de hecho soberano en este tema, pues la ley electoral es una competencia exclusiva de la Generalitat. Pero el Parlament ha sido incapaz de autogobernarse mediante la aprobación de una ley para su propia elección. Catalunya continuará siendo la única comunidad autónoma sin ley electoral propia.

Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, los dos autores incursionan por un terreno resbaladizo que nos da la pista de que se podría estar cocinando un pucherazo. Un pucherazo que tampoco sería original, pues recordaría el que, según muchas versiones, empañó el triunfo de Jaume Collboni en las primarias del PSC. Advierten Botella y Colomer:

También se ha oído recientemente la propuesta de sustituir el censo electoral por los padrones municipales, en los que se incluyen niños, extranjeros y otras personas sin derecho a voto, pero no está claro que todos los ayuntamientos se prestaran a ceder la información. Finalmente, un referéndum basado en un censo de electores registrados voluntariamente para la ocasión no sería aceptado como legal ni legítimo, ni dentro ni fuera de Catalunya.

La hipótesis del pucherazo tampoco resulta descabellada si se estudia el currículum de los protagonistas del guiñol secesionista. Ni siquiera basta para tranquilizar a los observadores imparciales el panorama que el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, le dibujó a The Wall Street Journal (3/4), con certificado de cordura incluido:

No nos hemos vuelto locos. Somos un gobierno de moderados, centristas y amigos del mundo empresarial [business friendly]. Nos impulsa hacia delante un sentimiento popular masivo y ordenado de apoyo al referéndum, una reacción a los recientes recortes drásticos en la extensión del autogobierno que en su día disfrutó Cataluña.

Titiriteros despiadados

Curioso, más que curioso, como exclamó Alicia en el País de las Maravillas. Lo que impulsa hacia delante al "gobierno de moderados, centristas y amigos del mundo empresarial" es un conglomerado en el que lleva la batuta un partido -ERC- cuyos capitostes hacen la apología del totalitarismo chavista, con socios castristas (ICV-EUiA) y antisistema (CUP). En tanto que "el sentimiento popular masivo y ordenado" se encarna en un movimiento nacional populista, de matriz insurreccional, la Assemblea Nacional Catalana. La hoja de ruta de la ANC incluye la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña el 23 de abril del 2015, festividad de Sant Jordi, y la celebración del referéndum constitucional del nuevo estado el siguiente 11 de septiembre. Hasta entonces, el plan de la ANC contempla una manifestación gigantesca en forma de V para la próxima Diada y, según informa La Vanguardia (6/4),

mosaicos semanales durante el verano y un acto diario durante todo el otoño, además de movilizaciones a través de las redes sociales.

La quimera, sustentada por la ANC, e inspirada en un documento de la Generalitat (Pablo Planas, Libertad Digital, 27/3), de que el día de la declaración unilateral de la independencia los continuadores del "gobierno moderado, centrista y amigo del mundo empresarial" asuman, a la manera de los sóviets, el control de las grandes infraestructuras, las fronteras, los aeropuertos, los puertos, los sistemas de comunicaciones, la seguridad y todo lo que encuentre a su alcance, termina de borrar la imagen de cordura que Mas-Colell intentó vender al público estadounidense. En medio de este ambiente propicio a la subversión, también crecen las sospechas de que se puede estar cocinando un pucherazo con padrones municipales engañosos, inflados con vecinos sin derecho a votar.

Lo que está igualmente claro es que si la conjura tuviese éxito, los fundadores radicales de la nueva república independiente -marginada de la Unión Europea, de la OTAN y de todos los organismos internacionales- la convertirían en un Estado totalitario cuyas primeras víctimas desprotegidas serían los moderados, centristas y amigos del mundo empresarial, que pusieron en manos de los enemigos congénitos de la sociedad abierta la llave maestra apropiada para clausurarla. Los titiriteros son despiadados con sus muñecos cuando ya no los necesitan. Compadezco, por ejemplo, al secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, que cometió la herejía de decir (LV, 6/4): "La única asamblea nacional de Catalunya es el Parlament". Para no hablar de la dura represión que descargarían los guardianes de la identidad milenaria -en plan Stasi- sobre los contestatarios y arrepentidos que reclamaran el derecho a decidir la reunificación de Cataluña con España y la Unión Europea. No sería la isla de Robinson Crusoe, como pronosticó Mariano Rajoy, sino la isla-prisión de los hermanos Castro. O la Alemania comunista, donde la dictadura levantó un muro perverso entre compatriotas y castigó a quienes reclamaban el derecho a decidir la reunificación.

Esta es la realidad pura y dura, como nos lo enseña la trayectoria de los regímenes comunistas, fascistas y nazis, y de todos los que hoy son la prolongación de unos u otros bajo el manto común del totalitarismo nacional populista, cuyo fantasma recorre España, Europa y el mundo entero.

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