Este miércoles publicó El País un editorial con un atractivo título, que podría ser el de una película de Sofia Coppola, Destino erróneo, en el que se descalificaba la carta que tres asociaciones de jueces han enviado a Bruselas para denunciar los ataques de este Gobierno a la independencia judicial. Dice el editorialista básicamente tres cosas. Que la primera medida gubernamental denunciada, la de rebajar la mayoría necesaria para nombrar los vocales del CGPJ, ya se ha retirado. Omite el periódico, que constantemente farda de atenerse a los hechos, que el Gobierno renunció a sacarla adelante no por convencimiento sino porque Europa amenazó con abrir a España un expediente por falta de respeto al Estado de Derecho. Que la segunda, la de que un Consejo caducado no pueda hacer nombramientos de jueces, tiene todo el sentido del mundo cuando son muchos los órganos institucionales que tienen restringidas sus funciones tras haber caducado su mandato. Sin embargo, lo que es bueno para otros órganos no tiene por qué serlo para el máximo órgano del Poder Judicial y, en todo caso, las asociaciones que lo han denunciado tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y ya veremos qué opina Europa. La tercera es que las asociaciones, en vez de dirigirse a la Comisión, tendrían que haber escrito al PP, que es quien ha bloqueado la situación insistiendo en negarse a negociar con Podemos. De ahí el lírico título del editorial. Alegan en defensa del Gobierno que algo tendrá que hacer si el PP no permite alcanzar ningún pacto. Es decir, que como el PP bloquea la renovación, el Gobierno está autorizado a adoptar medidas antidemocráticas.
Esto es lo peor del editorial. Para empezar, quien bloquea el pacto no es el PP, sino el PSOE, que se niega a llegar a un acuerdo insistiendo en que participe en él un partido cuyos votos no son necesarios para sacarlo adelante. Que Podemos esté en el Gobierno es a estos efectos irrelevante, porque los nombramientos corresponden a las Cámaras. Lo que debería haber exigido el editorialista, al que tanto preocupa la falta de renovación de cargos en el Consejo, es que el PSOE pacte con el PP y prescinda de Podemos. Si así lo hubiera hecho, hace tiempo que el nuevo Consejo habría tomado posesión y los jueces no tendrían que haber denunciado nada a la Comisión Europea, ni España estaría en peligro de ser investigada por violaciones del Estado de Derecho. Al periódico, que tanto aplaudió que le zurraran la badana a Polonia y Hungría por agresiones similares, ahora le fastidia que a un Gobierno del PSOE se la zurren igualmente por motivos parecidos. Dice concretamente:
Es en España donde tienen que discutirse las fórmulas que regulan el funcionamiento de sus instituciones; llevar este debate a Europa desdibuja el papel que corresponde a estas asociaciones.
Tanto gusto. Hasta la saciedad ha sido advertido el Gobierno de los ataques a la división de poderes que suponían sus medidas y no hicieron ni caso. Es más, la de prescindir de una mayoría cualificada para el nombramiento de vocales, que el propio editorial califica de error ahora, pero que nunca descalificó cuando se intentó imponer, sólo se retiró cuando intervino Europa. Es lamentable ver a un periódico que supuestamente defiende los valores democráticos amparar al Gobierno en sus derivas autoritarias para protegerlo de quien tiene poder para detenerlas.