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Cataluña, a cobijo de la Constitución

En el PP se están planteando aprovechar la reforma constitucional en ciernes para acerrojar las comunidades autónomas e impedir su división.

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Mariano Rajpy y Soraya Sáenz de Santamaría | EFE

La medio en broma medio en serio comunidad de Tabarnia ha despertado más ampollas de lo que cabía esperar de algo que más que una propuesta seria es una mera reducción al absurdo. En cualquier caso, informa El País de que la amenaza tabernesa no sólo preocupa a los independentistas. En el PP se están planteando aprovechar la reforma constitucional en ciernes para acerrojar las comunidades autónomas e impedir su división. La cuestión es de más calado del que se imagina.

Es bien sabido que el Estado de las Autonomías fue un invento que tenía por objeto dar satisfacción a las ansias de autogobierno de catalanes y vascos. En los demás sitios, tales ansias eran muy minoritarias y, en el mejor de los casos, actos reflejos que, por un lado, imitaban a los movimientos nacionalistas vasco y catalán y, por otro, se beneficiaban del marchamo de legitimidad que adornaba todo lo que se alejara del franquismo y de su centralismo administrativo. Con el fin de evitar que, frente a Cataluña, Castilla tuviera un tamaño insultantemente grande, se decidió que de ella salieran tantas comunidades autónomas como fuera posible. De esa forma se logró que Cataluña fuera la región más rica de España. Lustros de gestión nacionalista han conseguido esfumar esa ventaja comparativa y Madrid, a pesar de haber sido reducida a comunidad uniprovincial, supera a Cataluña tanto en PIB absoluto como en PIB per cápita.

En cualquier caso, tanto miedo tenía el legislador constitucional a que Castilla volviera de algún modo a unirse y pudiera rivalizar con Cataluña que el artículo 145 incluyó un apartado absurdo que reza: "En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas". La realidad es que este peligro nunca ha existido porque, en España, la tendencia no es a unirse sino a cantonalizarse. Y, sin embargo, la Constitución, que tanto teme la posibilidad de una comunidad autónoma más grande que Cataluña, sí favoreció que Ceuta y Melilla pudieran desgajarse de Andalucía para ser autonomías independientes. Pero al hacerlo no se conformó con la Disposición Adicional Quinta, prevista exclusivamente para ellas, sino que incluyó una norma general que es casi un himno al cantonalismo. El artículo 144 dice que las Cortes Generales podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia.

No deja de ser una vengativa paradoja ante tanta pusilanimidad que, aparte las dos ciudades españolas del norte de África, donde primero se haya escuchado ese canto al particularismo haya sido precisamente en la región cuyo peso se quería proteger a base de disolver el resto de España en comunidades cuanto más pequeñas, mejor. Y ahora, claro, cuando quien amenaza con disolverse es Cataluña, hay que ilegalizar tal posibilidad. Y lo que ni siquiera se plantean es permitir que quien quiera unirse para formar una comunidad más grande pueda hacerlo. Y es por ahí por donde deberían empezar.

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