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Emilio Campmany

Denunciar en Europa

PP, Vox y Cs podrían solicitar la intervención de la Comisión para impedir la agresión que al Estado de derecho y a los valores de la UE supone el asalto del Gobierno al CGPJ.

Emilio Campmany
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PP, Vox y Cs podrían solicitar la intervención de la Comisión para impedir la agresión que al Estado de derecho y a los valores de la UE supone el asalto del Gobierno al CGPJ.
Banderas de la UE. | Pixabay/CC/NakNakNak

Finalmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han echado el resto para lograr cuanto antes el control del Poder Judicial. Los nombramientos que para el Supremo hizo el actual Consejo en funciones y el revolcón que les ha dado el TSJMa a cuenta del confinamiento de la amotinada Madrid han sido las gotas que han colmado el vaso. No conformes con que Alfonso Guerra expidiera el certificado de defunción de Montesquieu, Sánchez e Iglesias quieren ahora profanar su tumba, algo en lo que ya tienen alguna experiencia.

Los términos de la reforma que se pretende son conocidos. Ahora la pregunta es qué va a hacer la oposición. El PP anuncia un recurso de inconstitucionalidad. Está muy bien, pero habrá que esperar a que se convierta en ley. Lo que sí podrían hacer mientras tanto PP, Vox y Ciudadanos es presentar conjuntamente otra proposición de reforma que devolviera a los jueces el derecho que un día tuvieron a votar los doce vocales que han de ser elegidos entre ellos y enfrentar esta solución, mucho más respetuosa con la división de poderes, al ultraje que pretenden PSOE y Podemos.

Pero donde es más importante que actúen de consuno los tres partidos es en Europa. Los tres pertenecen a grupos parlamentarios europeos diferentes y los tres podrían solicitar a través de éstos la intervención de la Comisión para impedir la agresión que al Estado de derecho y a los valores de la Unión Europea supone la propuesta. Recuérdese que en Polonia Bruselas logró frenar una reforma que tan sólo tenía por objeto rebajar la edad de jubilación de los jueces, aunque era patente que tenía por finalidad real permitir al Gobierno situar a jueces afines al frente de los más altos tribunales. Lo que está haciendo el de España es lo mismo con tan sólo dos diferencias: que se trata de un Gobierno de izquierdas y que el subterfugio empleado es mucho más grosero que el que ideó el Ejecutivo polaco.

Es verdad que un reciente informe de la Comisión se quejaba del bloqueo que padecía la renovación del Consejo en España. Pero el PP podría explicar, ya que no lo ha hecho todavía, que quien en realidad bloquea el acuerdo es el PSOE al pretender que el PP acepte vocales comunistas y separatistas en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y no sobra recordar que ese mismo informe se quejó de lo excesivamente próxima al Gobierno que era la recién nombrada fiscal general del Estado, y Sánchez no ha hecho el más mínimo amago de sustituirla.

Europa es inflexible con esta clase de comportamientos cuando quienes los protagonizan son los Gobiernos de derechas de Polonia y Hungría. Ahora tiene la oportunidad, si nuestra oposición se la da, de demostrar su ecuanimidad tratando con la misma dureza idénticas conductas cuando quien incurre en ellas es un Gobierno de izquierdas. Ursula von der Leyen y Manfred Weber ya se han percatado de la catadura de nuestros socialistas viendo cómo Borrell aprovecha su cargo de alto representante de la política exterior de la Unión para, en contra de los valores europeos, amparar la dictadura de Maduro. No les sorprenderá que, aliados con los comunistas, intenten también acabar con la separación de poderes aquí.

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