Desde el 20 de enero ha venido actuando interinamente como jefa del Departamento de Justicia norteamericano la número dos de la época de Obama, Sally Yates. Ésta, no sólo se negó a ejecutar la orden del presidente que prohíbe la entrada a los nacionales de los siete países que la Administración Obama calificó de peligrosos. También dio instrucciones a los abogados del Departamento de no hacer caso a la misma porque la consideraba ilegal. Trump la ha cesado. Sea o no ilegal la orden, Sally Yates no tenía facultades para oponerse a su aplicación. El Departamento de Justicia pertenece al Poder Ejecutivo, cuya cúspide es el presidente. Su ilegalidad tan sólo puede ser acordada por los tribunales, esto es, el Poder Judicial. Y, en todo caso, cabe al Congreso, que es el Poder Legislativo, modificar la ley que autoriza al presidente a adoptar las restricciones que considere necesarias a la inmigración con el fin de proteger la seguridad nacional.
El New York Times sabe perfectamente esto. Pero, como no quiere decirlo, protege a Yates estableciendo un paralelismo entre su caso y la Masacre del Sábado Noche, un episodio del Watergate. En él, el fiscal especial del caso, Archibald Cox, exigió la entrega de las cintas originales en las que se grabaron las conversaciones dentro de la Casa Blanca. Nixon ofreció una transcripción de las mismas, pero Cox insistió en tener los originales. El presidente ordenó entonces a su fiscal general, Elliot Richardson, que lo cesara y éste, por no tener que hacerlo, dimitió. Y lo mismo hizo el número dos del Departamento. En realidad, la comparación deja muy mal a la fiscal de Obama. En 1973, el fiscal general del Estado dimitió para no tener que ejecutar una orden con la que no estaba de acuerdo, que es lo que tenía que haber hecho Yates, dimitir en vez de ordenar que se incumpliera.
Por otra parte, la ilegalidad de la orden de Trump no está en absoluto clara. De ella hay importantes y, si se quiere, vergonzosos precedentes, que van desde la prohibición de la entrada a ciudadanos chinos a finales del siglo XIX hasta la detención de ciudadanos norteamericanos de origen japonés en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El más reciente es Guantánamo, que, por cierto, Obama bendijo conservándolo como centro de detención sin control judicial. En cualquier caso, es a los tribunales norteamericanos a los que corresponde decidir, y no a una funcionaria obamita, que no ha tenido ningún problema con los asesinatos por medio de drones cuando los ordenaba Obama. Luego, en cuanto a la moralidad de la orden, los europeos bramamos más que nadie contra Trump. Olvidamos que estamos pagando sumas estratosféricas a los turcos para que hagan por nosotros lo que Trump hace por sí mismo, es decir, impedir que los refugiados sirios lleguen a nuestras puertas, ahorrarnos así la vergüenza de vedarles el paso y permitirnos el lujo de acusar a Trump de hacer de frente lo que nosotros hacemos a hurtadillas.