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PERÚ

La reforma constitucional

Para los peruanos de mi generación, la Constitución de 1979 tiene un valor sentimental: está asociada a nuestra juventud y a las grandes esperanzas cifradas en el retorno a la democracia luego de la más prolongada dictadura militar de nuestra historia.

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Estas razones explican pero no justifican el deseo de que sea restablecida. Quienes tal cosa pretenden pasan por alto la responsabilidad que dicho texto tuvo en los graves problemas que vivió el país en los años 80. Si se cree que las constituciones tienen un significado en la vida de los países, resulta imposible pensar que la de 1979 no tuvo nada que ver con las experiencias terribles de la "década perdida".
 
El problema más serio que entonces enfrentamos fue el terrorismo. La Constitución de 1979 no fue directamente responsable de éste, que fue gestado por la siembra de marxismo que se hizo en las universidades en los 60 y 70. Sin embargo, no ayudó a que pudiéramos enfrentarlo adecuadamente.
 
Más que ninguna otra Constitución peruana, contuvo dispositivos programáticos. Los constituyentes de 1979 pensaron que su texto debía contener no lo mínimo en lo que podíamos ponernos de acuerdo para gobernarnos, sino lo máximo a lo que aspirábamos como sociedad, para utilizar la aguda observación de Felipe Ortiz de Zevallos. Al constitucionalizar expectativas, la Constitución de 1979 atizó las frustraciones que servían de caldo de cultivo para las ideologías totalitarias. El contraste entre las realidades del subdesarrollo con unas aspiraciones elevadas a la más alta categoría jurídica determinó que aumentaran la frustración, la cólera y el resentimiento.
 
En su parte orgánica, por otro lado, contribuyó a que se tuviera un Estado poco alerta. Consagró, por ejemplo, la simultaneidad perfecta de las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República, dejando de lado las elecciones escalonadas establecidas en anteriores constituciones. Así, impidió ajustes paulatinos del sistema político.
 
El nuevo presidente del Perú, Alan García, en una portada que le dedicó un medio de su país antes de ganar los comicios.Más grave todavía, estableció que tanto diputados como senadores se eligieran en distritos electorales grandes. Esto brindó una representación proporcional casi pura, con los inconvenientes que acarrea en términos de fragmentación del sistema de partidos y de debilitamiento del sistema de rendición de cuentas.
 
La Constitución de 1993 no es significativamente superior a la de 1979, pero ello tampoco justifica la propuesta de que se retorne a ésta. Sus defectos radican en que insiste en la representación proporcional, el pseudopresidencialismo y el barroquismo institucional, al incluir ¡doce! organismos constitucionales, junto a los tres poderes del Estado.
 
Sin embargo, la Constitución de 1993 contiene dispositivos acertados en su régimen económico. Recogiendo las reformas de 1991, coloca a la iniciativa privada como motor del desarrollo y establece límites sensatos a la intromisión del Estado en la economía. Fruto de ello, hemos tenido un crecimiento económico notable durante estos años.
 
La reforma constitucional que Perú necesita debe estar concentrada sólo en nuestras equivocadas reglas de juego político. El principal escollo que tiene la nación para avanzar en su camino al desarrollo radica en su desorganización política, que no le permite alcanzar una democracia constitucional moderna.
 
El Perú no atraerá mayor ahorro e inversión si cada proceso electoral implica una posibilidad de saltar al vacío. Debemos entender que el proceso democrático debe ser abierto, pero no al punto de permitir la llegada al poder de quienes claramente no creen en él. No debe ser susceptible de ser instrumentalizado por opciones totalitarias.
 
La raíz del problema de la fragilidad de la democracia peruana está en instituciones como el sufragio obligatorio y la representación proporcional. Debemos, evidentemente, cambiar dichas instituciones, pero devolver el país a la Constitución de 1979 supondría cometer un serio error político, de imprevisibles consecuencias económicas y sociales.
 
 
© AIPE
 
JOSÉ LUIS SARDÓN, director ejecutivo de la Sociedad de Economía y Derecho UPC (Lima).
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