Salvo que el eminente filósofo y especialista en historia de las formas políticas Alfonso Guerra dictamine lo contrario, los derechos son individuales y atañen únicamente a la persona que los ejercita, pero como el intelectual sevillano anda ahora bastante ocupado actuando de telonero de su odiado exjefe, no es probable que se pronuncie al respecto en las próximas fechas.
Uno de esos derechos sociales, al parecer, es el disfrute de una sanidad gratuita. Los políticos, especialmente los socialistas, presumen que los servicios sanitarios no hay que mantenerlos con dinero de los contribuyentes, que sería la única manera de que fueran, como ellos dicen, un regalo del estado a los ciudadanos. Que ellos mientan como bellacos desorejados no resulta extraño. Lo que sí es una novedad es que la gente normal, precisamente la que paga con sus impuestos ese servicio, lo use o no, esté convencida realmente de que disfruta de una sanidad pública "gratis total", que diría Solchaga, por cierto, otro joven valor del socialismo patrio que inexplicablemente todavía no ha sido convocado para participar en esta campaña de barbilampiños de la política que ha montado el bisoño Rubalcaba.
El timo de la sanidad gratuita funcionaba a la perfección hasta que arreció la crisis económica. Con unas cuentas públicas destruidas y unas perspectivas financieras que causan pavor, los políticos se han visto obligados a abusar todavía más de la ingenuidad de unas masas a las que hay que seguir convenciendo de que todos los robos que sufren a diario son sólo por su bien.
Como ya ni siquiera los impuestos brutales que extraen de los ciudadanos son suficientes para financiar el desastre absoluto de la sanidad pública, los políticos necesitan que los usuarios paguen todavía más; pero, eso sí, de buena gana y estando convencidos de que se trata de algo de lo más natural si se quiere seguir disfrutando de esa particular gratuidad.
Y es aquí cuando la inventiva de la clase política se pone a funcionar a todo trapo, en busca de un nuevo palabro que justifique desde un punto de vista ético el doble latrocinio de la sanidad pública. Hablamos, naturalmente, del copago.
El famoso concepto del copago sanitario parece sugerir que algo que venía siendo abonado por una sola de las partes, el gobierno, ahora va a ser financiado también gracias a las aportaciones que generosamente va a hacer efectivas la otra parte, es decir, los ciudadanos que utilizan el sistema público de salud. Por supuesto, es falso, dado que tanto antes como ahora son los contribuyentes los que con su esfuerzo económico mantienen un servicio estatal claramente deficitario.
Los políticos, especialmente los nacionalistas catalanes, que en el asunto del copago aparecen en vanguardia, podrían ser honestos y explicar a los ciudadanos cuál es la situación diciéndoles algo así como:
Miren, queridos contribuyentes: ustedes, y sólo ustedes, son los que mantienen un servicio como el de la sanidad, que los políticos hemos expropiado para gestionarlo directamente nosotros; pero como somos tan golfos y tan inútiles, nos hemos pulido todo el dinero que hemos extraído de sus bolsillos en las cacicadas habituales que ponemos en marcha para ganar elecciones. La situación es que hemos conseguido quebrar un sistema que operaba sin apenas competencia y además con la financiación garantizada gracias a los impuestos, que ya hay que ser inútil. Bien, para no extendernos demasiado: el caso es que, además del dinero que ustedes ya venían pagando, ahora les vamos a pedir todavía más, en forma de unas bonitas facturas que les vamos a emitir cada vez que hagan uso de este servicio que ustedes ya financian. Esto es en realidad un sobrepago, pero como nos gusta reírnos de todos ustedes en sus caras, permítannos que lo denominemos copago, que suena más solidario.
Según las encuestas, hay un gran número de ciudadanos que no está de acuerdo con esta fórmula del copago; sin embargo, la práctica totalidad del censo electoral es partidario de una sanidad pública y, por supuesto, gratuita. Algún día esos mismos encuestados se darán cuenta de que la justificación de un robo institucionalizado hace inútil cualquier protesta acerca del aumento de las cuotas del latrocinio. Pero no se preocupen: si ese día llega, para entonces los políticos ya habrán inventado otro derecho social con el que seguir esquilmándonos.