Javier Urra es un logro de Alberto Ruiz Gallardón. Le nombró Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, cargo que se ha demostrado gratuito e innecesario hasta el punto de que el propio PP en el gobierno lo ha eliminado. Este psicólogo discutido por un presunto delito de inducción al suicidio en público, con el agravante de ser un profesional de la psicología, como cuando se juzga a un boxeador por haber dado a alguien una paliza, es uno de los inspiradores de la funesta ley del menor que tanto daño ha hecho y no solo a los menores.
No es extraño este nombramiento si se conoce que el mismo Gallardón también ha designado fiscal general del Estado a quien el gobierno por sus verdaderos conocimientos debió nombrar director general de cine.
Ya como ministro, Gallardón se ha mostrado incapaz de reformar la ley del menor, tal vez embarazado por la del aborto que, simplemente por ser mujer de su tiempo, vigila de cerca la vicepresidenta. Rajoy, con terquedad de semoviente, se empeña en mantener un gobierno que huele a humo donde hay más de un ministro churrasqueao. Se comporta como un cómitre con sus forzados. Digo esto porque la oposición es muy floja. Tal vez por el pacto del bipartidismo. Luego va Rosa Díez y dice eso de que ninguno de los corruptos va a la cárcel. Tampoco devuelven lo robado. ¡Pero si es la primera vez en la historia en la que se acumulan juntos, y a la vez, los casos de corrupción en la izquierda y en la derecha! Los ejemplos de mal gobierno pueden verse en cualquier sector. En Educación, los periódicos de buen corazón como El Mundo dicen que no hay ninguna universidad española entre las cien primeras del orbe, pero es inexacto, porque no hay ninguna entre las primeras ciento cincuenta. Incluso se da el ridículo de que una de nuestras universidades está gobernada por una señora que no es universitaria, pero es la dueña.
Aunque el ministerio catastrófico es el de Justicia, que hasta ha indignado a los propios jueces y perjudicado a los ciudadanos, con tasas insufribles e indultos alucinantes. Esto es especialmente grave en la lucha contra la violencia doméstica, donde la Organización de Naciones Unidas acaba de condenar a España. En concreto lo ha hecho el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). La ONU atribuye a la negligencia del sistema judicial español la muerte de la niña Andrea, dándole la razón a su madre, Ángela González Carreño. Lo responsabiliza de no haberlas protegido, aunque la demandante denunció en más de 30 ocasiones.
En lo que se ha llamado de forma impropia "violencia de género", como si se tratara de un descubrimiento del psicólogo Urra, las fuerzas políticas han hecho florecer aquí y allá observatorios que han gastado dinero, pagado primas de asistencia y mantenido en el candelero a toda clase de frikis que han aportado confusión. Prueba de ello es que los observatorios han ido desapareciendo lejos de las fanfarrias con las que fueron creados por caros e irrelevantes, como el de Madrid, mientras que arrecian los asesinatos de mujeres. Hasta los gobiernos del PSOE llegaron a nombrar un delegado para la violencia de género –único en su género, haciéndole la competencia a Gallardón–, que es recordado por haber dicho en público que los asesinatos de este tipo se pegan como la gripe, sin ninguna base científica, aunque lo dice un médico. Ahora la condena de Naciones Unidas pone el dedo en la llaga. Al gobierno le queda eso de que si ellos tienen ONU nosotros tenemos DOS.
En todo este tiempo, de despilfarro y mal gobierno, se ha dejado sola y se le ha vuelto la espalda a una señora que protestaba por haber sido abandonada e ignorada cuando reclamaba protección para su hija, que acabó siendo asesinada en abril de 2003 en Arroyomolinos (Madrid) por su exmarido, en una escalofriante escalada de frialdad política e insensibilidad social. Nada menos que once años después, la ONU obliga a indemnizar a la madre y a reparar en lo posible el daño causado por las instituciones, que ha sido máximo, revelando la gran hipocresía que se mueve alrededor de la violencia contra la mujer y sacando las vergüenzas en público.
Es verdad que no fue este gobierno el que empezó el asunto, pero ha tenido tiempo de sobra para interesarse de por qué una madre tenía que recurrir a la ONU para que le hicieran caso al pedir justicia para su hija, y no lo ha hecho. Es que pedir justicia en España es pedírsela a Gallardón.