Si alguien osara y pudiera presentar una denuncia por prevaricación contra la Fiscalía por su –cuando menos– bochornosa decisión de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas y el resto de cabecillas del 9-N el delito de malversación de caudales públicos –el único al que se enfrentaban castigado con pena de cárcel–, no encontrarían mejor apoyo a la misma que la reciente denuncia –de imprescindible lectura– presentada por el propio Ministerio Público contra Puigdemont y el resto de cabecillas del 1-O por la mera convocatoria de la consulta.
Esta querella muestra de forma tan detallada y acertada el soporte legal y jurisprudencial que respalda la acusación contra Puigdemont que evidencia la barbaridad jurídica que constituyó la retirada de esa misma acusación de malversación contra Mas. De hecho, el propio fiscal de la querella contra Puigdemont hace una referencia muy poco velada a esa escandalosa decisión al recordar la consideración obiter dicta que el Tribunal Supremo hizo en la sentencia por el 9-N, en la que se indicó que si no entraba en la cuestión de si hubo o no malversación de fondos públicos en aquella consulta se debió exclusivamente al hecho de que la Fiscalía había retirado la acusación antes de iniciarse el juicio.
Pues bien. Algo parecido tendrá que producirse en el futuro si el Gobierno de Rajoy –canalla de puro cobarde– quiere volver a "negociar" y "dialogar" con los golpistas del 1-O, a los que la Fiscalía –se supone– quiere ver en prisión, tal y como sucedió cuando quiso negociar y dialogar con los golpistas del 9-N, a los que el no por nada dimitido fiscal general del Estado Torres-Dulce pretendía ver en la cárcel. De hecho, en el momento en el que escribo Luis de Guindos ha ofrecido a los golpistas "mas dinero y autonomía financiera", cuando lo único que se sabe a ciencia cierta respecto del 1 de octubre es que no va a acabar el ilegal proceso secesionista inaugurado en 2012. El golpe no ha terminado y ya lo quieren premiar.
En cualquier caso, en la concreta tarea de volver a evitar la pena de prisión por el mencionado delito de malversación de fondos, los abogados de los golpistas no van a encontrar mejor línea de defensa que las propias declaraciones del ministro de Hacienda –canalla de puro estúpido– en las que aseguró que "la Generalidad no ha gastado un sólo euro en el referéndum" poco antes de anunciarnos esa gran mascarada por la que tomaba el control directo de todas las cuentas de la Generalidad.
Gracias a esa mascarada y a sus anteriores declaraciones, Montoro no sólo va a pasar a ser el que tenga que pagar directamente las nóminas de las estructuras de Estado catalanas –que no va a poder desmantelar, pues carece de competencias, dado que la Administración autonómica en rebeldía sigue, en el colmo del surrealismo, sin ser suspendida–, sino a brindar para el futuro una línea de defensa a los acusados del 1-O.
En este sentido, no me extrañaría que los abogados defensores de Puigdemont citaran en el futuro a Montoro como testigo de su defensa, como tampoco me extrañó, tras la bochornosa comparecencia de Rajoy tras el 9-N, que los abogados de Mas tratasen de llevar como testigo de su defensa al presidente de Gobierno.
En cualquier caso, todo parece indicar que tras el 1 de octubre volverémos al 9 de noviembre de 2014 o a algo todavía peor. Lo que está claro es que este Gobierno tiene más miedo a que los golpistas tengan que entrar en prisión que los propios golpistas. Y si los secesionistas creen que están por encima de la ley es porque lo están.
Nadie tiene derecho a creer lo contrario mientras no los veamos ingresar en prisión.