Albert Rivera no se atrevió a decir a Rajoy qué debía hacer para impedir el 9-N, como tampoco se atrevió para impedir el 1-O: renuente como el propio presidente del Gobierno –no digamos ya el resto de la clase política– a suspender la Administración en rebeldía para evitar la convocatoria de ambas consultas ilegales; y tan renuente como él a la hora de detener a los cabecillas del golpe para impedir que llegaran a consumar la desobediencia al mando de la policía autonómica, de los colegios electorales y, en general, de todas las instituciones autonómicas del Estado, Albert Rivera es tan responsable como Rajoy de que los golpistas hayan consumado esta nueva violación de nuestro Estado de Derecho en forma de consulta, así como de los otros muchos más graves pero silenciados delitos que se han perpetrado y se siguen perpetrando impunemente desde antes incluso de arrancar oficialmente el procés separatista de 2012.
Rajoy tendrá, ciertamente, toda la cara dura del mundo al empeñarse en ocultar la independencia de facto que la Cataluña nacionalista ha logrado conservar este domingo, pero no es menor la desfachatez de la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, al culpar del fracaso al hecho de que Rajoy "se fiara" de los consejeros de Interior y Enseñanza, Joaquín Forn y Clara Ponsati. Pero ¿a quién quiere tomar el pelo esta buena señora?
Forn y Ponsati siempre han dado muestras de lealtad a Puigdemont y al golpista proceso secesionista. No han engañado a nadie. Su compromiso con la voladura de nuestro ordenamiento constitucional siempre fue claro, firme y sincero. Rajoy sabía tanto como lo sabía Inés Arrimadas o como Albert Rivera que el consejero de Interior y el director de los Mossos d’Esquadra y Puigdemont son los cabecillas del golpe.
Los cabecillas del golpe no son los responsables de que nuestra politizada Administración de Justicia no los haya encarcelado ni siquiera detenido a tiempo para impedir la comisión de un delito anunciado con tanto tiempo y tanta publicidad. Tampoco los golpistas son culpables de que el Gobierno –y, con él, el resto de nuestra demencial clase política– no se atreviera en su día a suspender la Administración en rebeldía en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ni antes del 9-N, ni antes del 1-O.
La esperpéntica al tiempo que temeraria decisión de esperar al 1-O para que cuerpos policiales llegados del resto de España trataran de impedir –cuerpo a cuerpo– un acto ilegal al que habían sido convocados millones de ciudadanos separatistas con ardientes deseos de participar en él estaba abocada al fracaso tanto si las fuerzas del orden los hubiera molido a todos ellos a palos como si se hubieran limitado a desearles una feliz jornada electoral.
España, por no querer despertar a lo que durante tantos años viene sucediendo en Cataluña, parece que se ha vuelto rematadamente loca. Porque sólo a un loco le parecería normal dejar al mando de un barco a un capitán dispuesto a violar todas las leyes marítimas para luego exigir a sus subordinados que no le obedezcan. Y eso es precisamente lo que nuestra demencial clase política constitucionalista viene haciendo, tanto al negarse a suspender una Administración en manos de los golpistas como al negarse a detenerlos y sentarlos en el banquillo. Eso, por no hablar de las ofertas de mayor impunidad y mayor financiación para que renuncien a la independencia de iure.
En cualquier caso, pedir a los Mossos de Esquadra –o a los directores de los colegios públicos catalanes– "lealtad institucional y lealtad en el cumplimiento de la ley" cuando se les deja a las órdenes de unos golpistas es una ilimitada muestra de hipocresía. Pero a eso han jugado el PP, el PSOE y Ciudadanos, para vergüenza de sus votantes y vergüenza de nuestra nación.
PS: La ocurrencia de Albert Rivera de pedir este lunes la aplicación del artículo 155 tan sólo para convocar nuevas elecciones en Cataluña forma parte del surrealismo. Ni una ilegal consulta secesionista ni unas legales elecciones autonómicas justifica que una Administración del Estado esté en manos de unos golpistas.