Naturalmente que una cosa es el derecho a la tutela judicial efectiva, que asiste a todo ciudadano, y otra, muy distinta, es el derecho a la justicia gratuita, al que sólo tienen derecho constitucional aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Ahora bien, esto no borra las sustanciales diferencias que existen entre la introducción de tasas judiciales que Gallardón nos anunció al poco tiempo de asumir la cartera de Justicia y el tasazo que finalmente ha sido publicado en el BOE.
Lo que nos anunció el ministro en enero es que sólo abonarían definitivamente las tasas aquellos que planteasen recurso en segunda instancia sin razón para ello, pues a los litigantes cuyos recursos fuesen validados por tribunales de instancia superior se les devolvería lo abonado. Además, estarían exentos en todo momento aquellos litigantes que acreditasen carecer de recursos. Planteado así, lejos de constituir una merma al derecho de tutela judicial efectiva, esas tasas tendrían la función de desincentivar una injustificada litigiosidad que sí merma ese derecho a través de algo tan indeseable como la dilación judicial. Y es que una justicia lenta no es justa.
Sin embargo, aunque la reforma finalmente aprobada prevea "la exención subjetiva de aquellos a quienes se reconozca el derecho a la asistencia judicial gratuita", el resto de ciudadanos tendrá que abonarlas desde el primer momento, y en una cuantía que, más que desincentivar, va a espantar a los ciudadanos a la hora de recurrir a los tribunales. Bien está que se disuada a todos aquellos que recurren sentencias sin más razón que el abuso de la gratuidad de la justicia. Pero otra cosa es desincentivar el litigio por la vía de encarecer el coste del mismo hasta el extremo de que sea superior que el beneficio de ganarlo. Tal es el caso, por ejemplo, de establecer una tasa de 200 euros para recurrir una multa de tráfico que no conlleve la retirada de puntos y sea inferior a 100 euros.
Entiéndaseme bien: no quiero alinearme con los que se oponen a cualquier introducción de tasas en el ámbito judicial, y no se me escapan los intereses corporativos y particulares que hay detrás de muchas críticas a Gallardón, especialmente en el caso de asociaciones de abogados y procuradores, que temen que estas tasas, sumadas a sus honorarios, les puedan llevar a perder clientela. Por el contrario, considero no sólo ineficiente sino injusto que litigios sin fundamento alguno los sufrague el conjunto de la ciudadanía, en lugar de los que los han protagonizado. Pero una cosa es lo que nos anunció Gallardón y otra muy distinta lo que ha aprobado. Me temo que este cambiazo no va a ser el único ni el peor respecto a lo mucho que prometió a principios de año y aún no ha sido ejecutado. Veremos cuánto tarda y en qué queda su prometido impulso de recuperar la separación de poderes.