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DROGAS

A vueltas con la legalización

Hace algunas semanas expuse aquí mi posición respecto al tema de la legalización de las drogas. Estoy, en definitiva, a favor de legalizar y catalogar los estupefacientes, y de generar una nueva regulación gubernamental que privilegie la libertad y reduzca los daños sobre la salud pública.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez
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Lo importante es que quien decida consumir este tipo de sustancias pueda hacerlo, siempre y cuando respete la libertad de otros de no ser afectados por ello; en esta como en tantas otras cuestiones rescatamos la máxima juarista: "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Pero no todo es tan sencillo; si lo fuera, hace mucho que las drogas estarían legalizadas. Existen muchos intereses que se verían afectados por una medida como esta. Precisamente ahí reside la tarea del buen economista: averiguar el costo y la efectividad, en este caso, tanto de la regulación como de la prohibición del consumo, producción y distribución de estupefacientes.

En México, a pesar de los millones de dólares que cada año se gastan en una política anti-drogas de carácter reactivo, se están cosechando unos resultados opuestos a las metas declaradas, y la lucha frontal contra las bandas de criminales que producen y distribuyen las drogas parece condenada al fracaso. Las cifras oficiales indican con claridad que la oferta y disponibilidad de las mismas no hace sino crecer. Ha aumentado el uso de drogas que dañan la salud, tanto de las personas que las consumen como de las que se encuentran cerca de ellas.

Los hechos confirman que no es con más soldados y policías en las calles, mal pagados y entrenados, como se reducirá el consumo y producción de droga, mucho menos la violencia asociada a esta estrategia: tampoco con las leyes que penan el consumo. Lo que se requiere, de acuerdo con la experiencia internacional, es legalizar y regular el mercado de los estupefacientes. La política prohibicionista, expansiva en materia de gasto, tiene un sustento fundamentalmente moral, que impide observar la solución al problema.

El beneficio clave citado por los defensores de la prohibición es que con esta se reducen los niveles de uso. La política actual se centra en la reducción de la libertad de consumo de las personas y en el efecto disuasorio de la legislación. Son muchos los hondamente preocupados por que la regulación pueda hacer de la droga una sustancia aún más accesible y disparar los daños a la salud de consumidores y terceros.

Existe mucha especulación acerca de cómo funcionaría un mercado regulado. Es cierto que podrían presentarse tendencias hacia un aumento del consumo, pero se atenuarían con controles efectivos sobre la disponibilidad, el precio y la publicidad de la droga. Cabe citar entre los factores que contrarrestarían esa hipotética subida del consumo el redireccionamiento del gasto generado por la actual política represiva hacia los campos de la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la educación.

Los efectos disuasorios de la prohibición están pobremente sustentados por la evidencia. La respuesta de los gobiernos a los cuestionamientos acerca de lo beneficiosa que sea la prohibición descansan en creencias más que en datos y hechos. Al menos en el caso de México, no existe en los medios oficiales información que dé sustento al paradigma prohibicionista. Las cifras que constantemente se presentan de capos del narcotráfico atrapados o asesinados no apoyan la estrategia, ya que es de sobra conocido que son miles los que hacen fila para ocupar los espacios vacantes.

La limitada investigación realizada no muestra correlación significativa alguna, ya sea a escala nacional o a escala regional, entre la intensidad de la lucha contra el narco y el uso y disponibilidad de las drogas.

La Transform Drug Policy Foundation de Inglaterra sostiene que el paso de la ilegalización a la legalización (de la heroína y la cocaína) tendría efectos benéficos para el presupuesto público y la ciudadanía incluso en el poco probable escenario de un aumento del consumo. La conclusión del análisis de la TDPF es que la prohibición está en el origen de la mayoría de los crímenes relacionados con el consumo de drogas, y que estos representan el mayor coste a que ha de hacer frente la sociedad en este asunto. El combate frontal a los grupos delincuenciales y el fortalecimiento de las leyes que penalizan la comercialización de estupefacientes son el peor instrumento en términos de eficiencia.

Si las drogas estuvieran disponibles bajo prescripción o bien a precios asequibles, los asaltos a viviendas en busca de dinero para pagarse la dosis se reducirían cerca de un 75 por ciento. Por lo que hace a los daños a la salud provocados por la pésima calidad de las sustancias puestas en circulación, se reducirían sensiblemente, toda vez que la calidad del producto subiría de manera igualmente notable; de hecho, las muertes relacionadas por el consumo de drogas en mal estado se reducirían un 50 por ciento. Todo ello repercutiría positivamente en el gasto sanitario.

La TDPF calcula que el coste de la nueva infraestructura regulatoria y administrativa rondaría los 150 millones de libras esterlinas por año.

Si nuestros gobiernos desean continuar con el prohibicionismo, deben explicarnos con cifras y análisis teóricos (preferiblemente procurados por académicos e intelectuales) que dicha estrategia es una alternativa mejor que la regulación legal del mercado de las drogas. Si no son capaces de presentar evidencias, lo mejor será que promuevan foros de discusión (locales, nacionales e internacionales) hasta que se pueda alumbrar una propuesta, formal y rigurosa, que incluya los costos y beneficios de la legalización, así como los mecanismos para acometerla y evaluarla.

 

© El Cato

ISAAC LEOBARDO SÁNCHEZ JUÁREZ, profesor e investigador de Economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México).

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