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REGULARIZACIóN

Intromisión burocrática

A medida que me pongo viejo, una de las cosas que más me preocupa es la creciente intromisión de los gobiernos en nuestra vida privada. El estado de Nueva York acaba de ser el primero en prohibir el uso de teléfonos celulares mientras se maneja un automóvil.

¡Bravo!, aplauden muchos ciudadanos que creen que es función del estado jugar el papel de Gran Hermano y decirnos constantemente lo que podemos o no hacer con nuestras vidas y propiedades. La decisión tomada por la asamblea estatal se basó en una encuesta realizada en marzo, donde el 87 por ciento de los encuestados dijeron que se debía suprimir el uso de teléfono celulares mientras se maneja un vehículo.

La explosión del estado policial es algo que nos debe preocupar a todos y no sólo en los asuntos de gran importancia, como la libertad de expresión, sino también en los pequeños detalles de la vida cotidiana, en los que hemos ido aceptando la creciente intromisión de la mano peluda de burócratas y políticos.
Lástima y rabia me da ver a jóvenes madres manejando su automóvil, mientras en el asiento posterior, más allá del alcance de los brazos maternos, viaja un bebé amarrado y solitario porque está prohibido que vaya un niño en el asiento delantero.

¡Qué inmensa arrogancia la de los políticos que promulgan tales regulaciones, dando por sentado que ellos saben más que la madre lo que le conviene al bebé! Se trata de la creciente manía respecto a que el estado tiene la obligación de protegernos de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos, con leyes y regulaciones que se hacen cumplir a través de la fuerza policial y de los tribunales.

A mí, personalmente, no me gustan los teléfonos celulares. En mi casa hay dos y ninguno de ellos me pertenece, lo cual considero es uno de los grandes lujos que me doy. Pero, ¿qué derecho me daría un cargo público a exteriorizar mi disgusto por los celulares, tratando de regular su uso por parte de terceros? Aparentemente, lo que motivó al miembro de la asamblea estatal de Nueva York, Félix Ortiz, a empujar la promulgación de esa prohibición fue haber visto un accidente de tráfico causado por una mujer que manejaba mientras hablaba por teléfono. Un periodista, seguidamente, le preguntó, qué hubiera hecho si la hubiese visto en el momento del accidente comiéndose un Big Mac. Acaso, ¿no es mucho más peligroso que las señoras manejen mientras se pintan la boca o las cejas?

Un reciente estudio realizado por la Asociación Americana de Automóviles (AAA), basado en estadísticas de 32 mil accidentes de tránsito, concluye que los celulares rara vez son un factor de distracción para quienes manejan, indicando que sólo lo es en el 1,5 por ciento de los accidentes, contra el 29 por ciento de casos de distracción por cosas que ocurren fuera del vehículo, el 11 por ciento por la música que escuchan y el 11 por ciento de parte de los pasajeros dentro del mismo vehículo. ¿Cuándo van a prohibir el radio y la música en los autos o que vaya más de una persona? Esto último sería inaceptable para los enemigos acérrimos del transporte individual, quienes no ven el día en que la gasolina cueste 5 dólares el litro y todos —con excepción de los gobernantes— tengamos que desplazarnos en los ineficientes sistemas de transporte colectivo.

Igualmente absurdas son las leyes que penalizan a gente que ha tomado dos o tres copas de licor y maneja, sin tener ningún accidente ni hacerle daño a nadie. Está comprobado que mucho más peligrosa resulta una persona al volante que maneja de noche, muy cansada, luego de todo un día de trabajo.
En su empeño de jugar su creciente papel de nodriza de la ciudadanía, los políticos y burócratas insisten en convertir en delitos las actividades de ciudadanos que no le hacen ningún daño al prójimo, sino simplemente toman sus propias decisiones y miden los posibles riesgos que ellas implican. La alternativa a ello es seguir avanzando por este camino que tiende a convertirnos en robots manipulados por gobernantes que abusan del poder.

© AIPE

Carlos Ball es director de la agencia de prensa AIPE<7i> y académico asociado del Cato Institute
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