Porque de cada una de esas opciones surgía un modelo de autoridad distinto: el absolutismo, ilustrado o no, el totalitarismo de partido o las democracias, con más o menos matices, más o menos plenitud.
Si la historia es cosa de los grandes hombres, basta con dejar en sus manos el destino del conjunto. Si es cosa de las vanguardias, hay que confiar en el partido. En ambos casos se supone el amor por la comunidad, el deseo de bienestar general. Y en ambos casos la autoridad se entiende como representación de las mayorías. Lenin definía el partido como vanguardia esclarecida y esclarecedora del proletariado, que por razones obvias no podía expresarse en asamblea permanente. Después de eso, los comunistas se permitieron hablar en nombre de la clase social que tenían por motor de la historia y, por lo tanto, en nombre de la humanidad. Franco decía que lo suyo era democracia orgánica. Y hablaba en nombre de los españoles todos, que no éramos la humanidad pero sí su reserva moral, cosa que, en última instancia, no deja de ser una forma de vanguardia.
Por autoritarios o totalitarios que fuesen, esos grandes hombres en los que descansaba el destino general creían que el modelo debía constituirse siempre como forma de expresión de las mayorías, e incluso convencer a éstas de que se encontraban en el mejor de los mundos posibles. Lo cual implicaba una injustificada confianza en el papel real de las masas en la historia, puesto que sólo el temor a su comportamiento explica la necesidad de orientarlas y mantenerlas en calma.
Las sociedades democráticas asumieron el riesgo de la representación real, cambiante, y de la división de poderes como límite de la autoridad. También en este caso la confianza en las mayorías parece por momentos excesiva.
Aceptemos que la historia no la hacen los individuos, ni grandes ni pequeños, ni las vanguardias, que es lo que pretenden ser los partidos políticos en cada momento. La historia la hacen todos los seres humanos, interactuando constantemente, dando lugar a corrientes y tendencias que operan al margen de la conciencia particular, y lo más que pueden pretender los dirigentes es administrarlas del modo más hábil, progresivo o regresivo, que les sea posible. La intención de los padres de la democracia, en los Estados Unidos o en la Francia del siglo XVIII, era la de institucionalizar las corrientes y las tendencias del cuerpo social para darles cauce y orientarlas. Aceptando la noción, claro está, de que el pueblo siempre tiene razón, cosa que la historia no demuestra. Y la idea complementaria de que ese pueblo siempre puede elegir, lo que no es cierto, porque el número de opciones políticas es necesariamente limitado.
El repaso de la experiencia democrática del siglo XX es desoladora. En La caída de los dioses, de Luchino Visconti, uno de los personajes principales le dice a otro: "Se acercan las elecciones y tenemos que ganarlas para que sean las últimas". En efecto, las ganaron. Hitler llegó al poder por la vía democrática, y fueron las últimas en mucho tiempo, aunque no en mil años, que era el término imaginado inicialmente. Entre otras cosas, porque no todos los alemanes votaron al partido Nacional-Socialista. Benito Mussolini ascendió al Gobierno en olor de multitudes, aunque no toda Italia marchó sobre Roma.
Para responder al expansionismo del Tercer Reich, las dos grandes democracias occidentales se vieron obligadas a entrar en una guerra y a aceptar para el período bélico sendas dictaduras provisionales, la de Churchill y la de Roosevelt. Pero a ninguno de los dos le resultó sencillo entrar en la guerra. Roosevelt tuvo que esperar a Pearl Harbor para imponerse a los aislacionistas, mayoritarios en el Congreso. Muerto Roosevelt, y tras la etapa continuista del siempre mal valorado Harry S. Truman, los americanos, con una admirable conciencia de su propia historia, acabaron por llevar a la presidencia al general Eisenhower. Los mayoría de los británicos, europeos al fin y al cabo, se desentendieron de la gratitud debida a quien les había llevado a la victoria y eligieron, inmediatamente después de terminada la guerra, al señor Atlee. No todos, ni mucho menos. A principios de 1946 Perón fue elegido presidente por arrolladora mayoría, por un pueblo que sabía perfectamente que votaba a un viejo amigo del Eje, pero cuatro de cada diez argentinos votaron en contra, pensando precisamente en los Aliados. Y tuvieron respaldo ampliamente mayoritario, un apoyo místico, Stalin, Mao o Castro, y Hugo Chávez Frías es presidente electo de Venezuela, ratificado por referendo, lo que no significa que no tenga oposición.Se me dirá, con razón, que también accedieron al poder por mayoría grandes gobernantes de Occidente, todos los cuales se retiraron dignamente cuando esas mismas mayorías decidieron su sustitución por otros, en ocasiones no tan grandes. El problema no es ése, sino que el sistema no es perfecto, que no cuenta con mecanismos capaces de garantizar su continuidad y que los pueblos no siempre tienen razón. Nadie sabe cómo impedir que las mayorías elijan a ineptos, a cobardes o a malvados, como lo hicieron tantas veces en el pasado. Convengamos en que es el menos imperfecto de los sistemas, y demos gracias por vivir en él y no en China o en Arabia Saudita, pero démonos las armas para defenderlo y para defendernos de sus peores enfermedades.
Por la parte que nos toca, hay mucho que hacer en España para perfeccionar el sistema, y con urgencia. La mayoría gobierna cuando todo el arco parlamentario, con la excepción de un partido, coincide en el dislate en política interior, exterior y territorial. Aunque haya voces discrepantes en la primera minoría en el Gobierno (que incluyen las de Felipe González y Alfonso Guerra, quien, sin embargo, a la hora de votar, tenderá a la disciplina de bloque), aunque pongan el grito en el cielo los sindicatos, el gobernador del Banco de España, y aunque la segunda minoría, el partido de la oposición, rechace de plano el ser cómplice de una actitud que nos pone al borde del abismo.
No se trata de apelar a la voluntad de consenso: una democracia madura debe contar con mecanismos de corrección que obliguen a ese consenso, dando un papel real a la segunda minoría de ámbito nacional y disminuyendo el que hoy tienen partidos sobrerrepresentados de ámbito local con intereses opuestos al bien general.
La forma en que la democracia se ha dado en España permite que el ciudadano medio, y a veces el bien informado, ignore quién dice representar la voluntad general en el Parlamento. Dato que, por sí solo, invalida su representatividad. Así, un grupo de desconocidos con dirigentes conocidos ha llegado a un Parlamento autonómico y ha aprobado un estatuto que, en parte, separa a Cataluña de España y, en parte, le da un poder desmesurado sobre el conjunto de los españoles, perjudicando su convivencia, su identidad, su territorio y su economía. Así, es probable que un Parlamento nacional de desconocidos con dirigentes conocidos apruebe el engendro, total o parcialmente, pasando por encima de la segunda minoría y de una porción muy significativa de los votantes de la primera (no menos de la mitad, también en Cataluña), para satisfacción de las restantes minorías, que no suman en realidad más de una cuarta parte de los votos. Y todo ello en nombre de la mayoría.
Hay que reparar esta barbaridad. Lo más pronto posible, si es que logramos salir con bien de la situación actual y tenemos oportunidad de hacer algo sensato.