Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que ni en todos los sitios ni en todas las épocas, el fenómeno de la corrupción presenta las mismas dimensiones.
Hay humus especialmente propicios para el crecimiento de esta mala hierba. Países en vías de desarrollo, que padecen debilidades institucionales, mercados no competitivos y fragmentación social, son un buen caldo de cultivo; ahí está el ejemplo de México, o el de Argentina, que cada vez se parece más a su lejano vecino del Norte. Naciones que sufren rápidos cambios institucionales y, consecuentemente, modificaciones en las reglas de juego económicas, son los segundos candidatos a padecer una corrupción galopante y hasta sistémica.
Lo que en la actualidad podemos percibir en Rusia, o en algunas otras repúblicas del Este de Europa, lo vivimos en España en la época de los primeros gobiernos socialistas. El 1 de diciembre de 1982, Felipe González es investido presidente del primer Gobierno socialista en la historia de España. Estuvo ejerciendo hasta 1996.
Echando mano del legado de rectitud que le ofrecía (puede que demasiado gratuitamente) la tradición, el PSOE se presentó como depositario de "cien años de honradez". Tres años después, sugiere Paul Heywood, renombrado profesor de la Universidad de Nottingham (UK), nada sospechoso de conservadurismo, hubo de ser añadido a ese eslogan "ni un día más".
Durante 13 largos años, vivimos escándalo tras escándalo. La falta de confianza, la vergüenza y hasta la náusea se instaló en la sociedad española. Las empresas implicadas en el pago (o en la compra) de contratos, que como dice Antonio Argandoña en uno de los últimos números del Journal of Business Ethics, han mantenido actitudes muy ambiguas en este tema, se defendían alegando que era el coste que tenían que sufragar por la modernización: un coste que incluía pantagruélicas cenas regadas con Vegasicilia y guapas (y profesionales) señoritas de compañía, amen de maletines sin cuento.
Según los informes publicados por Transparency International, organización de toda solvencia, cuando Felipe González fue "depuesto" por las urnas, España se hallaba en el lugar 32 en su lista de Corruption Perceptions Index, con un índice de corrupción de 4,31, habiendo perdido 4 décimas desde el año 95. El índice va de 10 (muy limpio) a 0 (muy corrupto). Según los analistas y los empresarios externos e internos, países como Malasia, Portugal o Grecia presentaban en la época felipista menores grados de corrupción que nuestro país.
Supuestamente esos tiempos acabaron en el 96. Nuestra democracia es ahora sólida, y gozamos de instituciones que, aunque lentamente, funcionan cortando la mayor parte de las posibilidades de corrupción política. España firmó en 1997 "The OECD Anti-Bribery Convention", ratificando su firma a través de una ley orgánica de 2000 que modificaba el Código Penal, con el fin de asumir las obligaciones de la lucha contra la corrupción por la vía criminal. Transparency International muestra cómo España, tras los dos gobiernos de Aznar, ha pasado a situarse junto a Francia en el lugar 22. Nuestra "nota" ha subido a notable: en el 2004 estamos en 7.1 sobre 10. USA se halla en el puesto 17, Reino Unido en el 11, Alemania en el 15.
Claro que seguimos padeciendo casos de corrupción, pero son muy pocos y tenemos la confianza de que la policía y la ley permitirán que "que quien la hace, la paga". Roldán anda en la cárcel, al menos entra y sale de ella; el Tribunal Supremo ratifica la condena a Rafael Vera por "malversación de fondos". Pero hete aquí que llega de nuevo el felipismo. González junto con Barrionuevo y Corcuera solicitan el indulto total para Rafael Vera justificándolo en los importantes servicios prestados al Estado. González, a quien enseguida se le llena la boca, ha llegado a afirmar en un medio que se trata de un caso de "estricta justicia".
Una de las herramientas que se emplean para analizar el índice de corrupción de un país es la efectividad de la revisión judicial de las decisiones gubernamentales tomadas ilegalmente, que se toma como una medida de integridad. Sin ella, los ciudadanos dejan de confiar en la modernidad de su estado.
En el mes de septiembre, en un artículo que The Economist (medio poco sospechoso de beber los vientos al PP) dedica a nuestro país un artículo en el que se explican algunas de nuestras costumbres de corrupción, entre las que destacan el regalo del consabido jamón (como verán están muy poco actualizados). Allí calificando al gobierno de Zapatero en relación con la elección de los top managers en las empresas recientemente privatizadas puede leerse: "en la más fina tradición mediterránea democrática de "clientelismo", las cabezas han rodado… incluso en agencias que se consideran independientes".
El rodillo del tolerante Zapatero, entre otros con los católicos y sus dirigentes; el rodillo del trasparente Zapatero y del oculto Solbes en los nada transparentes presupuestos, nos harán perder muchos puntos. Pero si ese indulto se lleva a efecto, sólo podemos lamentarnos y volver a la república bananera. ¿Otros cien años de honradez? ¡No, por favor! ¡Que me quede como estoy!