Lo único que no está regulado en España es la estupidez, y el Ministerio de Educación está trabajando duro para subsanarlo. Hay tantas leyes, tantas prohibiciones, que si realmente el Gobierno estuviera preocupado por el medio ambiente debería limitarse a publicar en papel solo los permisos, con una octavilla sería suficiente, que por otra parte pueden resumirse en dos: a usted se le permite votar cada cuatro años, y se le permite pagar la sanción por incumplir lo que sea de todo lo demás. Da igual lo que quieras hacer en este preciso instante, algún político habrá encontrado la manera de prohibirlo.
En una de las aventuras de La comedia humana de Balzac, un viudo choca contra la maraña administrativa parisina que le impide incinerar el cuerpo de su esposa. Desesperado, se lamenta: "No sabía que la burocracia pudiese meter sus uñas incluso dentro de nuestros féretros". El personaje resulta ingenuo, después de todo. En realidad, las administraciones pueden llegar mucho más lejos. Tan solo en 2021 se aprobaron en España más de un millón de páginas de leyes y normativas. ¡Un millón! Calcula Libre Mercado que sería necesario emplear 458 días con sus noches para leerlas todas, si fuera posible hacerlo sin morir de un ataque de tedio burocrático soltando espuma de BOE por las orejas.
Un informe de la CEOE refleja que el incremento de normas estatales sube año tras año desde 2016, donde por alguna razón los políticos lograron el desacuerdo total, y nos regalaron doce meses de respiro regulatorio. Hoy son tantas y tan variadas las normativas que la mayor parte de los que desean hacer algún trámite, ya sea personal o empresarial, desiste en cuanto se entera del recorrido de ventanillas, impresos, tasas, y firmas electrónicas que necesitará. El tiempo es un bien preciado. Y la felicidad también. Y nada produce más melancolía que pasarse la mañana recorriendo esos largos y grises pasillos de la administración con un puñado de impresos de colores lívidos entre las manos, que había más alegría anoche en el vestuario del City que cualquier mañana en una cola de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Con este ritmo de producción legislativa, es probable que algo que esta mañana estaba permitido haya dejado de estarlo a esta hora, lo que hace que España sea un infierno de inseguridad jurídica que, unido al infierno fiscal en que nos tiene sumidos Sánchez y al carajal autonómico de peculiaridades históricas –e histriónicas–, convierte a la nación en una maqueta perfecta de los círculos del averno dantesco.
Lo cierto es que es un bucle infinito. Si el Gobierno es inmenso, produce una inmensidad de cosas que gobernar, y si el funcionariado que las debe ejecutar es gigante, solo podrá mantenerse con un incesante volumen de asuntos que deben ser gobernados por alguien. Si los estaditos autonómicos, la UE y el Gobierno siguen produciendo funcionarios y leyes a esta velocidad, es probable que pronto tengamos 47 millones de normas a aplicar sobre una población de diez o quince ciudadanos no dependientes cuyo trabajo exclusivo será obedecerlas.
Por otra parte, la regulación es a menudo ineficaz excepto para el que asume la responsabilidad de crearla, que con frecuencia no es más que una entidad imaginaria, ya sabes, un ministerio, una dirección general, o cualquier chiringuito extravagante. O sea, algo a lo que ni siquiera puedes patearle el culo. Porque, por supuesto, no intentes pedirle explicaciones a alguien con rostro humano, que el máximo interlocutor que encontrarás en los asuntos burocráticos es un membrete oficial y un tipo encogido de hombros al lado, blandiendo una receta de un puñado de euros por circular en zona restringida, por bajarte la mascarilla para rascarte la nariz, o por encender un cigarrillo en casi cualquier lugar del mundo, algo que, por otra parte, está ya más perseguido que hacer explotar un cinturón de explosivos.
Cuando en enero de 1833 Larra publicó "Vuelva usted mañana" no pudo imaginar que estaba describiendo solo una mínima parte de la ineficacia y la densidad administrativa de la España de 2022. Simplificar la locura regulatoria es ahorro, emprendimiento, seguridad jurídica, productividad, y después de todo, prosperidad, pero echa un vistazo al Gobierno y dime a quién podría importarle alguna de esas tonterías.