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Javier Gómez de Liaño

¿De qué memoria y de qué Historia hablamos?

Las previsiones del anteproyecto de esa Ley de Memoria Democrática presentan indicios de ser contrarias a la Constitución.

Javier Gómez de Liaño
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Las previsiones del anteproyecto de esa Ley de Memoria Democrática presentan indicios de ser contrarias a la Constitución.
Pedro Sánchez (der.) y Pablo Iglesias | EFE

Las palabras que aquí comienzan también hubieran podido titularse “Agua pasada no mueve molino” o “Corramos un tupido velo”, dos locuciones que recoge nuestro sabio refranero castellano. O “Desmemoria antidemocrática”, rótulo que tomo prestado de la brillante carta que ha escrito el director de El Mundo al hablar de “El bombardeo de la Memoria política”.

Naturalmente, y seguro que el lector ya lo habrá intuido, este comentario viene a cuento del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, con lo cual la memoria histórica vuelve a estar de moda. Antes lo estuvo con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, con Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno. En ambos casos se trata de poner en pie el pasado de España para prenderle fuego y abrir nuevo juicio a la historia del franquismo, aunque, a decir verdad, la iniciativa no conduce a otra cosa que a desenterrar a los muertos y, lo que es peor, a reavivar un cainismo que creíamos superado con la Transición, aquella obra política maestra que consistió en pasar de la dictadura a la democracia sin caer en el revanchismo ni enrojecer el paisaje.

A propósito de este penúltimo intento de enjuiciar el franquismo –las cursivas obedecen a que siempre habrá otro–, el texto contiene 66 artículos, agrupados en un título preliminar y cuatro títulos, distribuidos en capítulos y secciones, donde se contemplan cosas tan pintorescas como la declaración de “nulidad de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquistas, que asimismo se declaran ilegítimos”, hasta la creación de una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante es período, pasando por la creación de un “Banco Nacional de ADN de las Víctimas” y el establecimiento de un régimen sancionador de aquellos actos que infrinjan los postulados de la ley.

En relación a la declaración de nulidad de los procedimientos y pronunciamientos judiciales de aquella época, hay que tener presente que el recurso de revisión, que es la vía para hacerlo, salvo que se despoje al Poder Judicial de sus funciones constitucionales, no legitima para abrir puertas falsas en la legalidad. Una reforma legislativa que admita indiscriminadamente la posibilidad de revisar sentencias firmes dictadas en situación de conflicto armado o en época de preguerra o posguerra sería altamente contraproducente. Por cierto, un punto de vista que sostuvo Fernando López Aguilar, ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando dijo que, con independencia de la reparación que pueda corresponder a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, no se abriría un cauce judicial para la anulación de los fallos con valor de cosa juzgada, porque eso era contrario a la seguridad jurídica. Esto sin tener en cuenta que habría gente que, por los mismos motivos, podría pedir la revisión de los juicios sumarísimos celebrados ante tribunales republicanos que mandaron al paredón a miles de monárquicos y falangistas, o de los que montaron los comunistas para eliminar a sus rivales anarquistas.

O sea, res iudicata pro veritate habetur –perdón por el latín–, que significa que la cosa juzgada se considera como verdad. Recuérdese lo ocurrido con los intentos de la familia de Puig Antich encaminados a la anulación de la sentencia dictada en 1974 por el Consejo de Guerra que le condenó a muerte y a la pronunciada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, y que concluyeron con la desestimación, en 1994, del recurso de revisión interpuesto en el Tribunal Supremo y el rechazo, por el Tribunal Constitucional, del correspondiente recurso de amparo con el argumento de que “la pretensión carecía de contenido constitucional”.

A falta de conocer el documento definitivo, sobre todo el que resulte tras su paso por el Congreso, y al igual que sucede con la anulación de procesos ya fenecidos, las previsiones del anteproyecto de esa Ley de Memoria Democrática en materias como la tipificación de conductas consistentes en la exaltación o enaltecimiento del régimen franquista y las ilegalizaciones de fundaciones u organizaciones próximas al dictador presentan indicios de ser contrarias a la Constitución y, más concretamente, de conculcar principios y violar derechos fundamentales como las libertades de expresión, asociación, reunión e incluso de pensamiento. No se olvide que una cosa es la apología de un delito y otra, muy distinta, la libertad de expresión. En suma, que la norma se mueve en terrenos movedizos donde toda prudencia y finura jurídica es poca. Mucho me temo que el problema rebase los cauces históricos y los jurídicos para entrar en los de una mentalidad que no acaba de madurar.

Franco murió hace ahora 45 años, y con él murieron el franquismo y el antifranquismo. Esta ley de la Memoria Democrática, lo mismo que aquella de la Memoria Histórica, pudiera llevar a sostener lo contrario. Particularmente creo que estamos ante apariencias y añoranzas, pero tampoco ignoro que la política no se mueve en el mundo de los espectros y que de la lucha contra los fantasmas a la caza de brujas no hay más que un paso. A estas alturas, esa iniciativa legislativa sólo contribuye a reabrir llagas y a enconar viejos resentimientos. Hay que estar al lado de quienes sufren la Historia, pero hay que oponerse a reescribirla a base de brochazos desdichados y aun delirantes. Si el tiempo sirve para algo es para reflexionar, para mirar adelante con sensatez y buen deseo de progresar. Afortunadamente somos muchos los que nos negamos a participar en la agria locura de hacer memoria de aquella media España contra la otra media y propugnamos enterrar de una puñetera vez esa calamidad que acabó hace ahora 81 años, aunque tampoco cabe desconocer que aún quedan bastantes que gustan excitar las pasiones más vanas, olvidando que alimentar el ánimo de venganza es tan insensato como estúpido. Las heridas no se restañan con fuegos artificiales, como los que algunos preconizan. No es cuestión de volver la espalda a la Historia, sino de asumirla, masticarla y digerirla consciente y serenamente. Lo malo no son los muertos en las fosas, sino los vivos paseándose con los cadáveres debajo del brazo. Dejemos en paz a los muertos, a todos nuestros muertos.

“No seríamos una gran democracia si no somos [sic] capaces de enfrentarnos con justicia a nuestro pasado”, dijo, a modo de sentencia, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Mi opinión es que fueron palabras para caldear un poco el ambiente, avivar el fuego y crear un clima de posguerra, porque todo eso puede contentar a los socios de gobierno y ayudar a mantenerse en el poder. Es evidente que aquí hacen falta expertos, psiquiatras, entre otros, que dictaminen si con progresistas a la violeta un país puede avanzar. Mientras personajes de este tipo ignoren el elemental supuesto de que la Historia es un bien fungible y que quienes deben escribirla son los historiadores y no los Gobiernos, ni los partidos, aquella estará siempre ante la amenaza de ser manipulada.

Para concluir, he aquí las palabras con las que comienza el edicto de Nantes de 1598 que puso fin a las Guerras de Religión que estremecieron Francia durante el siglo XVI y que gustosamente pongo a disposición de tanto rábula y leguleyo:

Que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los convulsos precedentes de los mismos, hasta nuestro advenimiento a la corona, quede disipada y asumida como cosa no sucedida. No será posible ni estará permitido a nuestros procuradores generales, ni a ninguna otra persona pública o privada, en ningún tiempo, ni lugar ni ocasión, sea ésta la que sea, el hacer mención de ello, ni procesar o perseguir en ninguna corte o jurisdicción a nadie.

Pues eso.

En España

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