Leyendo el obituario de la reina Isabel II escrito por Enrique Navarro es inevitable pararse a pensar en lo importante de las reglas, en la necesaria rectitud de las instituciones o en el sentimiento no siempre comprendido, y casi siempre envidiado, del deber ejercido desde el poder. Habitualmente, pero más en estos tiempos superfluos, prima la caricatura sobre la gravedad de los hechos, sobre el compromiso convertido en sacrificio, más que en privilegio. Más allá de lo que pueda significar históricamente el reinado de Isabel II y de la importancia que le pueda conceder un ciudadano español, si el peso institucional se pierde llega el desorden que suele poner fin a la libertad.
Es lo que está sucediendo en España con la Justicia, una institución volcada en el servicio al ciudadano pero que necesariamente debe —debería— estar despegada de lo mundano y, sobre todo, de la política. Por lo mismo, hay que evitar que los profesores se convierten en colegas de los alumnos durante su relación académica. Ha de existir la distancia del respeto, que no impide la admiración —mutua— y una posible pero siempre futura amistad.
La Justicia debe estar pegada a la realidad cotidiana para conocer al justiciable y las diversas formas que adopta el delito, pero siempre al margen de veleidades disfrazadas de campechanía que sólo conducen a lo que algunos de veras persiguen: la justicia popular.
Pero es que en el ámbito institucional la Justicia es un Poder del Estado, un pilar básico de la democracia. Esto requiere un esfuerzo inexcusable para evitar la contaminación con los otros poderes, precisamente porque está al servicio del pueblo y de la libertad.
Nada de esto se está respetando en España. Y del artículo de Enrique Navarro salto al de Javier Gómez de Liaño. Vivimos tiempos graves que superan todo lo conocido y hasta lo peor que pudimos sospechar. Los jueces y fiscales quieren ser políticos sin colgar las togas. Y los políticos quieren tener a esos jueces y fiscales a su alcance y, muy poco después, a su servicio. Con un juez, un fiscal y un comisario, se puede llegar al poder atajando muchos caminos y abreviando muchos tiempos. Sucedió en España y aún sufrimos los efectos. En realidad fueron varios jueces, varios fiscales y varios comisarios los que planearon un asalto al poder durante una archiconocida montería en Jaén. Nadie lo impidió y hasta los afectados y defenestrados siguieron el perverso juego con reglas ajenas.
Las mismas ambiciones juegan hoy partidas tabernarias para convertir las Instituciones en casinos con la excusa de que hay que renovarlas con arreglo a la distribución de fuerzas políticas. En resumen: se confiesa ufanamente que en España los políticos eligen y renuevan a los jueces y que el resorte de las ambiciones se pulsa en las sedes de los partidos. Y dicen que lo contrario es bloquear. Es grosero. No hay pompa, no. Por no haber, no hubo ni entierro de Montesquieu.
Según la web oficial del Poder Judicial:
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
La función de Gobierno del Consejo versa sobre materias tales como los nombramientos, ascensos, y traslados; la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la Carrera Judicial. Mediante la atribución de este tipo de competencias al Consejo, se evita que otro poder del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial.
Resulta dramático leer lo que sería correcto y contrastarlo con la realidad. Es insultante.
Casi todos los políticos de todos los partidos tienen la culpa pero Pedro Sánchez quiere saltarse hasta la vergüenza. Ya ha quedado claro que las leyes las va acomodando a su proyecto y por eso facultó al CGPJ para nombrar a los dos magistrados que le hacen falta para completar la renovación de un Tribunal Constitucional —¿o es Constituyente? — más favorable. Otorga y amputa competencias y ahora también decreta plazos: martes y 13. No hace falta esforzarse mucho en deducir que el sistema es incompatible con la democracia. Estamos, pues, ante la mayor confusión intencionada entre Poderes del Estado, confusión promovida por el Ejecutivo y consentida en parte por el Judicial. Una invasión. Un golpe… otro.
El Gobierno de Sánchez ya no finge. Para qué, si le sostienen la ilegalidad y la desvergüenza y todavía podrá agotar la legislatura. Golpismo, filoterrorismo y comunismo no son mácula suficiente para aquel que, usando a fiscales, jueces y comisarios hizo caer a un gobierno que, por otra parte, se dejó empujar. ¡Cómo se va a avergonzar de nada!
Y como no disimula, reclama al PP que complete la timba judicial desde su papel de perdedor de las elecciones vigentes, que a punto están de expirar. Culpa al partido de Alberto Núñez Feijóo… y corremos el riesgo de que alguien en ese partido se sienta de veras culpable y corra a pedir que le abran el redil. Lo necesita el PSOE y se lo reclaman sus socios, que tienen prisa por ver saldado su apoyo: impunidad para los golpistas del 1-O y excarcelación de terroristas fundamentalmente. El PP debe ser inflexible, no está bloqueando institución alguna.
La resistencia judicial
Me pregunté hace un año aquí mismo si los jueces querían ser independientes. Es obligado hacerlo porque seguir hablando de bloqueo político al Poder Judicial ya apesta y, sobre todo, porque los últimos asaltos al poder nacional han pasado por togas y puñetas varias. No hay partido que no presuma de juez, y eso es porque a muchos jueces les gusta la política casi tanto o más que el noble oficio de impartir de Justicia. Sigo pensando que el gran paso han de darlo jueces y magistrados reclamando su independencia y defendiéndose —y defendiéndonos— de los políticos. Y ahora podría estar más cerca ese momento si la resistencia mostrada esta semana por algunos vocales del CGPJ se mantiene. Ni bloqueos ni cosa parecida: la ley de leyes les ampara —de hecho, les obliga— con claridad meridiana. Quizá si releyeran varias veces ese párrafo que ellos mismos han escrito sobre la misión del CGPJ se les haría más llevadera la resistencia.
Si la resistencia perdura, las instituciones, todas, podrían volver a gozar del respeto ciudadano recobrando el peso, la distancia y el porte que nunca debieron perder. Elevadas, estrictas, inflexibles… pero limpias y al servicio de los demás. Sin dobleces.
Con dicho ejemplo, los pretendientes venales, circunstanciales o accidentales se lo pensarían dos veces antes de asomar su afán privado a la cosa pública. El temor reverencial de la Justicia haría su selección natural y hasta sería posible soñar con una mejor especie política.
Que aguanten hasta el martes y más allá. Que se aten al mástil. España y sus instituciones bien valen el esfuerzo.