Resulta revelador que los golpistas hayan celebrado su primer aniversario poniendo la mira en los jueces tras la oportuna filtración de unos correos electrónicos privados. Para ellos, lo de menos es el contenido de esas conversaciones, pues el único objetivo es identificar con nombres y apellidos a jueces como inmediato señalamiento. La lista ya es pública. Pablo Llarena sabe perfectamente lo que eso significa.
Dice Torra que "viendo cómo se expresan estos jueces, ¿cómo van a tener los procesados un juicio justo e imparcial?". Es decir, que si los correos de marras defendieran con ardor la República catalana independiente, el juicio sí tendría plenas garantías y la revelación de las conversaciones habría sido cosa de la caverna político-mediática.
Parece que no cabe deducir delito alguno en el hecho de que un presidente postizo de la Generalidad y su ventrílocuo fugado –y blindado– digan que el punto de partida sigue siendo la declaración de independencia y que no habrá sentencia que acatar si no dicta la puesta en libertad de los golpistas encarcelados. Según parece, el ejercicio de intenciones no merece reacción, no delinquen las palabras, anunciar la comisión de un delito no falta a la ley porque no hemos aprendido nada desde el atentado contra Antonio Maura, quince días después de que Pablo Iglesias Posse lo adelantara con parlamentarias palabras. Pero unos correos electrónicos privados entre jueces se nos muestran como prueba de cargo contra toda acción de la Justicia. Y lo más grave es que el gobierno no defiende a los jueces que se indignan ante la violación de la ley: hay que dialogar con el que delinque y desamparar al que lo denuncie. Al final, la independencia de los poderes se ha traducido en la soledad de uno de ellos. Menudo estreno.
Es cierto y lógico que la demostración de enemistad manifiesta –o amistad– hacia un reo es motivo para recusar a un juez. Pero la enemistad manifiesta con el delito, con un golpe de Estado, debería ser motivo de alabanza, sello de calidad de una Justicia digna de un país democrático.
Sin embargo, el Gabinete del Doctor Rosado –el que decía resucitar ahogados en la playa aplicando una colilla encendida sobre el cráneo– viene a decir que lo que ocurre en la Cataluña golpista con la Constitución todavía no es violación sino un presunto abuso que con un poco de pedagogía y un par de décadas de espera puede acabar en un tierno y pictórico abrazo. No es broma. Josep Borrell ya ha firmado una hipoteca que le pille fuera del plazo de vencimiento: veinte años para que esto se arregle. Es lo que pasa cuando se confía en hipócritas que se licúan ante una cámara de la BBC y dicen sin titubeos que Cataluña es… a nation, of course y que le da penita que haya golpistas en el talego.
No, el golpismo no teme la reacción de un gobierno, ni el de Rajoy ni mucho menos el del Doctor Cutre (Pablo Iglesias pixie). Saben que los instrumentos que la Constitución brinda para defenderse no se usarán y que la posible suspensión de la autonomía, verdadero sentido del artículo 155 en un momento así, nunca será esgrimida.
La perspectiva de sólo un año es reveladora: coches patrulla de la Guardia Civil destrozados, impunemente asaltados, se convirtieron en símbolo del golpe: Black Hawk derribado, salten encima del opresor proclamando la República; imágenes del rey alimentando las antorchas del Klan; kale borroka contra el juez Pablo Llarena y finalmente, la publicación de una lista de nombres y apellidos de jueces descarriados que quizá se hayan buscado un escarmiento.
¿Quiénes son, pues, los obstáculos del golpe independentista? Las fuerzas de seguridad, que buscan pensión en territorio español a falta de cuarteles o instalaciones dignas; los jueces, que ya llevan pintada la diana estelada y todavía no han recibido el aliento del Gobierno, y la Corona, objetivo estratégico de Podemos porque no le perdonan su influencia en momentos cruciales. Hay que añadir a la sociedad civil y seguir animándola a "desenlazar" la Cataluña amarilla por más que el ex ministro IMDV escondiera informes sobre el adoctrinamiento escolar. Desolador.
Para que los políticos que dicen defender la Constitución se conviertan en otro obstáculo al delito queda aún mucho trecho. No sirve de nada que lo demuestren en la oposición, eso ya lo hemos vivido demasiadas veces. Hay que demostrarlo cuando se llega al Gobierno. Las tendencias chavistas del presidente Sánchez ya no son una garantía constitucional, nunca lo fueron. Por la tesis o por la antítesis, elecciones ya.