La semana posterior al 9-N ha estado marcada por la espera. Primero, a que el presidente del Gobierno dijera algo. No tenía intención alguna pero finalmente quiso demostrar públicamente que no hacer nada es la mejor forma de gobernar. Lo clavó.
Pero aún había otra cosa que se esperaba gracias al preludio de Alicia Sánchez Camacho: la querella. Se habló de ella incluso antes del 9-N pero fue la popular catalana la que quiso dar detalles el mismo lunes: será hoy, mañana, al tercer día, está al caer... Y como el día no llegaba, pues sería por las presiones. ¿De quién a quién y para qué? Hagan toda la combinatoria posible entre las tres partes: fiscales de Cataluña, Fiscalía General y Gobierno, porque todo se ha oído. Pero la clave del asunto estribaba en la calificación de delito: si es desobediencia se queda en jurisdicción catalana; si es sedición llega a la Audiencia Nacional. En el primer caso, la partida está ganada para Mas, en el segundo debería resultar más difícil. Se dijo, o se dedujo, que Eduardo Torres Dulce apostaba por un delito de sedición.
Según parece, hemos llegado al fin de la historia. Se acabó la espera: la Constitución la defenderán los ciudadanos que denunciaron el 9-N. Y lo de las querellas de oficio ya lo decidirán los fiscales de Barcelona, que oficio tienen. Lo ha dicho Eduardo Torres Dulce en una charla ofrecida en Burgos, con motivo del 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia, objetos de deseo de los separatistas.
Sin embargo, lo más grave de todo es que, en cualquier caso, Mas lo tenía todo previsto y Pablo Planas nos lo ha contado en estas páginas. Carles Viver Pi i Sunyer fue vicepresidente del Tribunal Constitucional antes de ponerse al servicio del "Consell Assesor per a la Transició Nacional". Cuando Mariano Rajoy ni siquiera arrugaba la nariz ante el desafío secesionista, él ya tenía valorados los escenarios de rebeldía, sedición, desobediencia, suspensión de autonomía y hasta la eventual declaración del estado de alarma, excepción y sitio amén del posible catálogo de respuestas del Constitucional en el que habitó. Tarde se dan cuenta algunos de lo que pasa cuando políticos y magistrados merodean. El Constitucional no es Poder Judicial, vela por la Constitución, por su cumplimiento, es su guardián. Y tenemos que creernos que los magistrados que se la quieren cargar sólo se empeñan en ello cuando son salientes, como Carles Viver Pi i Sunyer, ya de reconocido prestigio separatista.
El plan urdido descendía al más mínimo detalle y tenía en cuenta cada posible movimiento del contrario y sus consecuencias, como en el ajedrez. Cada derivada queda contestada en los informes de Carles Viver y comporta una nueva acción –ay, esa palabra– para ganar la partida. Por tanto, añado ingenuamente a la posible calificación del delito las agravantes –más bien, características– de premeditación, alevosía y publicidad. Y traslado esas mismas circunstancias agravantes a la omisión del gobierno de Rajoy porque, además, el Gobierno puede instar al fiscal a actuar, que parecemos tontos.
Artículo octavo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:
El Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.
Pero ni la espera, ni las querellas, ni las divagaciones, ni los guardianes, ni los vericuetos, ni Alicia, ni Eduardo serían necesarios si dejáramos que la Constitución se (nos) defendiera con sus herramientas. ¿Qué es "desproporcionado", lo hecho por Artur Mas y su gobierno o esto?:
Artículo 155
- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Al final, para defender a la Constitución española de la agresión sufrida se la mandará al reformatorio. O sea, detendrán a la víctima y dejarán escapar al agresor porque habrá que pactar con él o porque ya se ha hecho.
¿De verdad es desproporcionada nuestra Constitución, esa que se jura o promete guardar y hacer guardar? ¿Es desproporcionado cumplir la Ley? Lo desproporcionado es vivir en La Moncloa para no hacer nada. Y en el Prtd Sclst –no el de ZP o Rbcb sino el de Pdro Snchz– estarán la mar de contentos porque se ha seguido su consejo: no a las querellas; la Constitución, al reformatorio aunque él no logre explicar para qué. ¡Hay que jdrs!