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Un paso hacia el "desantenicidio"

Ningún partido político se había atrevido a formular una propuesta de libertad de prensa referida a las radios y televisiones como la que ha hecho VOX

En los peores años del felipismo, la cadena de radio líder de audiencia se llamaba Antena 3. En 1992, superaba en casi 150.000 oyentes a la SER criticando al Gobierno sin tregua… y eso, con tanto escándalo emergiendo mientras se sumergían las carabelas de Yáñez, era intolerable. El año olímpico, el año de la Expo de Sevilla fue también el año del ignominioso antenicidio, el asalto de Antena 3 perpetrado por el PSOE y Polanco de la mano de Mario Conde, el banquero moderno que aspiraba a gobernar. Aznar no ganaría las elecciones de 1993.

El 20 de mayo de 1994 el Consejo de Ministros presidido por Felipe González bendecía la concentración bajo el dominio de PRISA, o sea, la desaparición de Antena 3 de Radio, que ese mismo verano dejó de emitir su programación. Todos los informes contrarios del Tribunal de Defensa de la Competencia fueron convenientemente despreciados. Antena 3 cayó y calló pero no lo hicieron sus periodistas –Antonio Herrero, Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, José María García, Manuel Martín Ferrand y Pedro J. Ramírez, entre otros–, que recurrieron la cacicada ante el Tribunal Supremo.

El 9 de junio de 2000, el Supremo dictó sentencia declarando ilegal la concentración y conminando a restablecer la pluralidad informativa previa a la operación. Ni más ni menos. Quien debía ejecutar esa sentencia era quien causó el mal: el Gobierno. Y en el año 2000, y con mayoría absoluta, el Gobierno era el presidido por José María Aznar. Lo que Carlos Solchaga hizo, Rodrigo Rato lo tenía que deshacer. ¡Menuda oportunidad! Pero a lo máximo que se llegó fue a preguntar gentilmente a Jesús de Polanco cómo tenía pensado cumplir lo dictado por el Tribunal, mareando la perdiz hasta el colaboracionismo. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, presidida entonces por el ex ministro socialista Fernando Ledesma, llegó a llamar la atención al Gobierno porque aquello no era forma de ejecutar la sentencia. Había que volver a la pluralidad informativa anterior, sin paños calientes. Pero nada. El imperio de Polanco era intocable hasta con casi once millones de votos empujando. Desde aquel 1994, la SER, como estandarte político del Grupo PRISA, es la única radio que puede jugar en primera división y ganar todos los partidos por incomparecencia forzosa del rival, al menos de aquel rival que un día iba por delante en el estudio de audiencia que nos viene impuesto.

Llegó Zapatero, en los tres días de marzo con la SER y el 11-M, y cambió la Ley Audiovisual para despedir la mayoría absoluta del PP y saludar la nueva era, que era la misma de 1994 con la prensa en el Poder y el Poder en la prensa, socialista en todo caso. Y el Supremo se avino en 2007 a encajar, a la luz del nuevo texto, el robo que el PP que no quiso impedir incumpliendo una sentencia. Asunto resuelto.

El PSOE ha perdido en dos ocasiones el Gobierno pero nunca el poder. Con el inestimable apoyo de las cloacas y las antenas de su lado por decreto ilegal, han puesto y removido candidatos propios y ajenos, tejiendo una red que sólo recoge a sus caídos y envuelve al resto para que madure antes de engullirlo.

Si recuerdo todo esto es porque hasta esta primera semana de enero del año 2019, ningún partido político se había atrevido a formular una propuesta de libertad de prensa referida a las radios y televisiones como la que ha hecho VOX. La más sencilla, la única posible. Cumpliendo ciertos requisitos de solvencia, servicio y calidad, caben más radios en España aunque tengan la manía, que es obligación, de controlar al poder. Fin de las concesiones administrativas, que no son sino seguros de vida política regados con dinero público. Nadie, insisto, por mucho que se quejara, se había atrevido.

Si, como dicen, el espacio radioeléctrico es un bien escaso y por ello debe someterse a regulación, el primero que debería desalojarlo es el Estado y sus innumerables, redundantes y potentes estaciones de radio. Después, habría que atender a la pluralidad como dice la Constitución y recordó el Supremo en el año 2000. Eso supondría que en los concursos para optar a licencias de radio y televisión no podrían conceder ni una sola antena al grupo PRISA, presente hasta en las profundidades de los mares que bañan las costas españolas y en las cimas escondidas por las nubes. Pero tampoco a otros medios que presumen de tener varias antenas en una misma localidad por pequeña que sea.

Pero es que ni siquiera la premisa del "bien escaso" es cierta. Caben muchos más. El problema es que generan una intolerable competencia publicitaria a los grandes operadores que, tarde o temprano, saben agradecer un favor. Los concursos para optar a licencias son una estafa manifiesta: se convocan sólo cuando conviene y se prorrogan o anulan de igual manera, normalmente a orillas de unas elecciones. Y esta flagrante prevaricación no es monopolio socialista. Aún hay pendientes concursos de la década pasada en feudos tradicionales del PP. Otros, como sucedió en Navarra, te exigen inmersión lingüística en euskera en determinadas zonas como condición sine qua non para obtener puntuación. ¿Y mientras? Siguen los de siempre. Y en el hipotético caso de que un concurso llegue a término, la subasta de antenas se conoce con tanta antelación que siempre aparece alguien oficioso que te aconseja ahorrar esfuerzos y dinero. Y los chicos nuevos en el barrio se quedan siempre sin merienda.

La medida propuesta por VOX de liberalizar –palabra maldita pese a suponer libertad– las concesiones sólo se puede traducir en beneficio del ciudadano. Máxime cuando ya es posible escuchar cualquier emisión radiofónica a través de un teléfono móvil hasta que a algún político se le ocurra la forma de someter el streaming a concesión administrativa. Hasta hoy, muchos "piratas" han pagado impuestos y generado empleo con pequeñas emisoras que no molestaban a nadie del "espectro radioeléctrico" aunque hubiera mucho espectro político aullando en su puerta y confiscando sus antenas. Sin licencia, no hay publicidad –y digo publicidad, no subvención– porque sin licencia eres ilegal y eso sólo se le permite a la Generalidad y a PRISA.

Andalucía, ámbito en el que VOX realiza esta demanda, es un cortijo mediático de muy sencilla explicación y que aquí hemos recordado en innumerables ocasiones: el 70 por ciento de las radios es de titularidad pública, o sea, del PSOE. Y del 30 por ciento restante, más de la mitad es de PRISA, o sea, del PSOE. Los demás, callando aquí, tarareando allá y masajeando acullá, tienen más o menos asegurada su presencia en todas las provincias. esRadio no figura en los planes de la Junta. Propio de un régimen.

Es muy sencillo: si una empresa no es rentable, fracasará. Si a nadie –oyente o anunciante– le interesa el mensaje de una radio, su desaparición será cuestión natural. El Estado liberal ha de velar para que se cumplan unos mínimos de buena vecindad de "espectro" y se den las condiciones justas de competencia, no diseñarla por concurso-dádiva protegiendo un oligopolio servil.

El antenicidio empezó en 1992. Hoy, casi tres décadas después, se ha dado el primer paso para frenarlo. Haría bien Ciudadanos en tomar ejemplo de la propuesta andaluza de VOX para Cataluña en vez de asistir a los programas de TV3, RAC1 o Catalunya Radio donde después de participar los echan a los CDR y marcan sus puertas con tinta amarilla. Y haría aún mejor el PP en corregir su nefasta política de medios hasta la fecha: sólo tiene que mirar el resto de comunidades donde todavía huele a muerto desde aquella masacre de antenas que decretó un gobierno socialista en 1994 de la mano de un banquero al que, en pago por el favor, llevaron a la cárcel.

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