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Cataluña tendría que haber pasado a ser regida por un gobernador civil raso, un probo funcionario dependiente del Ministerio del Interior.

José García Domínguez
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Este segundo indulto, el que se consumará en el próximo Consejo de Ministros, no va a acarrear ninguna consecuencia política, ni buena ni mala, más allá del eventual desgaste en las urnas que dentro de un par de años pudiera causar a la coalición gubernamental. Apenas eso. No servirá, pese a la ubicua cantinela oficiosa al respecto, para resolver arista histórica alguna el problema catalán. Y tampoco, por cierto, para empeorarlo en nada. Políticamente, pues, el gesto de Sánchez resultará por entero inane, acaso con la única salvedad de que él mismo, en un insólito ejercicio de masoquismo gratuito, podría estar cortándose su propia cabeza si bien con efectos retardados. Más allá de eso, nada, nada de nada. Y es que el indulto trascendente desde todos los puntos de vista, el que, en caso de no haberse producido podría haber forzado un cambio cuantitativo y cualitativo de la correlación de fuerzas entre los dos bandos internos que protagonizamos la guerra civil larvada que se vive en Cataluña, el importante de verdad, fue el que permitió que una administración autónoma que se había sublevado contra el orden constitucional, la Generalitat por más señas, no fuera suspendida de forma indefinida en su día.

Porque el indulto más grave con diferencia, el que vamos a pagar más caro, el que de hecho estamos pagando ya, fue el que benefició a la propia Generalitat, permitiendo su normal continuidad como máxima instancia de gobierno en Cataluña tras los hechos de octubre. Luego de la sedición, Cataluña tendría que haber pasado a ser regida por un gobernador civil raso, un probo funcionario nombrado por el Gobierno y con dependencia directa del Ministerio del Interior. Algo que no se hizo, más allá del carácter políticamente melifluo y apocado de Mariano Rajoy, porque nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en Alemania y en todos los demás estados federales, resulta que no prevé esa posibilidad. De haber ocurrido en Alemania la asonada de otoño del año 17, la Generalitat, y en estricto cumplimiento de la Ley Fundamental de Bonn, estaría ahora mismo suspendida en todas sus funciones, amén de disueltos sus órganos de gobierno. Aquí, en cambio, los constituyentes, y con ceguera memorable, le otorgaron un indulto preventivo a la institución. Todavía nos pasan pocas desgracias.

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