El presidente Sánchez anda estos días tratando de apaciguar a los separatistas catalanes con vagas promesas de una reforma constitucional que quedarán en nada, pues a nada que vaya más allá de jugar con los emoticones de la web de La Moncloa se puede aspirar con sus 84 diputados pelados. Pero Sánchez pasará y los racistas seguirán ahí, en los despachos del poder en Barcelona, planeando más golpes de Estado en cuanto vuelva a aparecer la primera ocasión propicia para ello. Que será más pronto que tarde, por cierto. Por eso procede ir obviando la efímera anécdota Sánchez para ir pensando en serio qué se puede hacer con Cataluña. Si es que algo se puede hacer aún. Un algo que, guste o no, vendrá limitado por tres restricciones que van a hacer en extremo difícil que las políticas que se adopten desde el poder central, ese día que el poder central se plantee por fin meter en vereda a los separatistas, resulten eficaces. Un de esos impedimentos estructurales, la imposibilidad efectiva de retirar competencias críticas a la Generalitat, tales como la educación o el orden público, ya lo traíamos sabido de casa antes de la sublevación del 1 de octubre. Ni PSOE, ni Podemos, ni posiblemente Ciudadanos consentirían plantear siquiera esa hipótesis de trabajo.
De las otras dos, en cambio, tuvimos conocimiento preciso en los días posteriores a la asonada, en especial durante el efímero lapso de la aplicación de ese sucedáneo descafeinado del 155 que pactaron Rajoy, Rivera y Sanchez. Porque si algo sabemos ahora con certeza absoluta, indubitada, es que, primero, la lealtad al Estado de los más de doscientos mil funcionarios de carrera que prestan sus servicios en las plantillas adscritas a la Generalitat de Cataluña, simplemente, no existe. Basta visitar hoy mismo cualquier dependencia oficial en cualquiera de las cuatro provincias de la demarcación para toparse de inmediato con decenas de carteles reclamando la excarcelación de Junqueras y el resto de los delincuentes comunes que colaboraron con él durante las jornadas del golpe. Porque la Generalitat ya no es solo un Estado dentro del Estado, tal como ocurría en tiempos de Pujol. Aquí y ahora, bien al contrario, la Generalitat es un Estado que actúa de forma activa, constante y deliberada contra el Estado. Todas las horas. Todos los días. Todas las semanas. Todos los meses. Todos los años.
El segundo descubrimiento, mucho más crítico aún que el anterior, es que ese Estado reactivo no se puede controlar desde el poder central. Ya no. Porque no es controlable un monstruo burocrático integrado por doscientas mil personas y pico que, lejos de conducirse conforme a las pautas convencionales y reglamentistas propias de la obediencia administrativa, actúan de acuerdo a la lógica militante del activista de una causa política. Porque el problema no fue que Madrid aplicara por blandenguería pusilánime un 155 pasado por agua. El aterrador problema real es que hay una muy alta probabilidad de que quizá no hubiera podido hacer otra cosa. Y ello por la constatada evidencia de que, durante el periodo de vigencia del 155, la administración de la Generalitat estuvo actuando en todo momento con una actitud apenas disimulada de resistencia pasiva. Un proceder generalizado que hubiese desembocado en abierta rebeldía en caso de extenderse por más tiempo la intervención de la autonomía. Hemos creado un monstruo.