Marcos de Quinto, el gran experto mundial en refrescos elegido por Albert Rivera para formar tándem en su primer intento serio de asalto a La Moncloa, cometió no hace mucho un tuit a propósito de las pretendidas analogías entre Quebec y Cataluña que, amén de otras carencias típicas de un aficionado que se mete en charcos con la alegre inconsciencia del diletante, revelaba un profundo desconocimiento por su parte sobre esa cuestión. Una ignorancia que De Quinto comparte en apariencia con el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en su reciente viaje oficial a Canadá acreditó ante la prensa no saber mucho más que el otro sobre cómo el ordenamiento jurídico canadiense afronta el problema separatista en la provincia de Quebec. Así, mientras el extrovertido gurú de Rivera suponía un hecho cierto que en Quebec se habría implementado un proceso de autodeterminación nacional por medio de la fórmula de un "referéndum pactado", Sánchez, en una declaración pública mucho menos torpe por la calculada ambigüedad de su formulación retórica, daba a entender, pero sin entrar en mayores profundidades, que el modelo de Canadá pudiera ser una posible vía de solución a la eterna querella catalana.
Que el de los refrescos no sepa nada sobre constitucionalismo canadiense entra dentro de lo normal y previsible. Y que Pedro Sánchez simule en público no saber nada sobre constitucionalismo canadiense, también forma parte de lo normal y previsible. Ocurre, sin embargo, que en la provincia de Quebec nunca se ha celebrado un referéndum pactado de autodeterminación. Nunca. Para empezar, no ocurrió tal cosa tanto en 1980, cuando el primer referéndum, como en 1995, cuando el segundo, porque, pese a lo que cree De Quinto con la fe del carbonero indocumentado y simula creer Sánchez con el cinismo del político profesional, ambas convocatorias carecieron de soporte legal en base a la legislación federal canadiense. Desde el punto de vista jurídico, tanto la primera como la segunda resultaron ser, a efectos prácticos, sendos butifarréndums. Apenas eso. Pues en absoluto hubiesen sido vinculantes los resultados, tanto en el de 1980 como en el posterior de 1995, para el Gobierno Federal en un eventual triunfo de los partidarios de la secesión.
Esas consultas populares se celebraron, sí, pero ni fueron pactadas ni fueron legales. Fueron alegales e unilaterales, asuntos ambos bien distintos. Así las cosas, difícilmente aquello pudiera ser modelo de nada ni para nada. Pero es que el célebre dictamen del Tribunal Supremo al respecto, el mismo que con posterioridad daría lugar a la promulgación por el Parlamento de Canadá de la no menos célebre Ley de Claridad, establecía de modo expreso e inequívoco en su redactado esto que sigue: "La secesión de una Provincia debe ser considerada, en términos legales, a partir de una necesaria reforma de la Constitución" (la cursiva es mía). Que eso no lo sepa el señor de la Coca-Cola, pase. Pero que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España persista en seguir simulando que también lo desconoce invita a algo más que la sospecha y la inquietud ante lo que pudiera ocurrir con él en La Moncloa a partir del próximo 28 de abril. A mucho más.