Comunicado del Partido Popular sobre la preocupante situación política de España
En los últimos años, la sociedad española ha emprendido un intenso proceso de regeneración institucional para luchar contra la lacra de la corrupción que afecta a todo el país. Dentro de la oleada de casos que se han destapado y que involucran a todos los partidos, el presidente del Gobierno no se ha visto implicado en ninguno de ellos, y no hay sospecha fundada ni constancia alguna de que se haya llevado un solo euro a su bolsillo por cauces irregulares, ni de haber aceptado ninguna prebenda. En cambio, la mayor parte de los partidos políticos españoles (PSOE, CiU o IU, posible aliado electoral de Podemos) sí tienen casos abiertos de corrupción, y el propio presidente de la cámara, Patxi López, forma parte de un partido que ha malversado decenas de millones de euros en su feudo político de Andalucía.
En la línea de lo expresado por la Unión Europea, desde el Partido Popular compartimos la preocupación ante esta grave situación de bloqueo político en la que un gobierno con mayoría democrática de votos está siendo marginado por unos partidos políticos enfermos de corrupción y claramente orientados por intenciones espurias. A día de hoy no existe una acusación de carácter penal contra el presidente. La acusación de corrupción, escasamente desarrollada por los congresistas españoles, no ha sido avalada por el Tribunal de Cuentas, por lo que no merece un proceso político de marginación y acoso como el que se ha emprendido.
Además, como se señala igualmente desde la Unión Europea, el bloqueo institucional que está fraguándose contra el presidente Rajoy no sólo es una estrategia de dudosa legitimidad, sino que pone en grave riesgo la estabilidad económica del país. Intentar vulnerar el mandato de las urnas con acuerdos post-electorales basados en un cambio de la correlación de fuerzas parlamentarias violenta el fundamento y el mandato democrático obtenido en las urnas por el Partido Popular.
Nosotros consideramos imprescindible que se respete la voluntad del pueblo español, que escogió al Partido Popular como fuerza más votada en 2015, o que se modifique ese mandato por la única vía democráticamente aceptable: vencer en las urnas con unos pactos electorales transparentes sobre los que todo votante pueda opinar a la hora de ejercer su derecho al voto.
Tras varios años de recuperación económica y de fuerte creación de empleo con la voluntad de dejar atrás una larguísima crisis económica y las intervenciones e injerencias de Bruselas en toda la región, desde el Partido Popular confiamos en que España, como toda Europa, siga creciendo y creando empleo para que no se rememoren tristes fantasmas que creíamos enterrados en los años oscuros de la crisis. La senda de intervenciones y de quiebras estatales en los últimos años en Grecia (2010, 2012 y 2015), Irlanda (2010), Portugal (2011) o Chipre (2013) son precedentes que invitan a estar alerta.
Desde el Partido Popular solicitamos por ello a todos los gobiernos y fuerzas políticas y sociales europeas que muestren su compromiso con la estabilidad de las instituciones democráticas españolas, y la solidaridad y el respeto de la voluntad soberana expresada en las urnas por el pueblo español. La imprescindible lucha contra la corrupción y por un país más transparente, más justo y más próspero no puede ni debe ser utilizada por intereses espurios como un ariete contra la legitimidad de las instituciones y contra el imperio del principio democrático.
Salvo que se hallen extremadamente fanatizados por la propaganda del PP, apuesto a que el ficticio –pero en todo caso realista– comunicado les habrá parecido un texto que rozaba el límite de la parodia. Imagino que, además, la indignación tras su lectura será especialmente acusada entre los votantes o simpatizantes de Podemos. Pues bien, el anterior comunicado-parodia no es más que la versión castiza del que hace unos días publicó solemnemente Podemos con respecto a la situación política de Brasil.
Al parecer, la policorrupción que infesta al partido de Dilma Rousseff, el amparo que ella misma ha prestado al nombrar ministro a Lula para aforarlo y obstaculizar su procesamiento judicial, o el muy constitucional impeachment dirigido a revocar el mandato presidencial de Rousseff no son motivos suficientes para que Dilma pueda abandonar la presidencia del país. Como pretendió hacer el PP con la mayoría absoluta de Francisco Camps en el año 2011, las urnas sanean cualquier corrupción pasada.
En el fondo, pues, la dureza discursiva de Podemos frente a la corrupción no es más que una mera pose electoral: si esa corrupción afecta a los nuestros –al Partido de los Trabajadores, a cuya imagen y semejanza se construyó Podemos–, bien merece hacerse la vista gorda para no obstaculizar el mucho más importante cambio político. "Roban, sí, pero al menos reducen las desigualdades". Dilma, sé fuerte. Lula, sé fuerte.