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Sin escrúpulos

Durante mi visita a Venezuela en 2009, jamás pensé que Chávez quisiera llevar tan lejos mi castigo por llamarle públicamente "dictador". Me equivoqué.

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Simpatizantes del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, durante una manifestación. | EFE

El 15 de febrero de 2009, Hugo Chávez celebró un referéndum en Venezuela para borrar de la Constitución la limitación de mandatos. Quería eternizarse en el poder revalidando el título de presidente de la República en elecciones sucesivas amañadas a su antojo. La oposición democrática propugnaba la victoria del No. El gorila rojo, la del Sí. Un grupo de eurodiputados volamos de Bruselas a Caracas para observar si la justa se desarrollaba con limpieza democrática. Saltaba a la vista que no.

Durante los días previos a la votación, pistoleros armados, miembros de las brigadas paramilitares del Régimen, disolvieron a tiros las manifestaciones estudiantiles. Chávez incitaba, textualmente, a gasearlos "con gas del bueno". En su afán por acallar cualquier atisbo de voz crítica llegó a arengar a los policías que están bajo su mando para que se emplearan con la contundencia que fuera necesaria a la hora de disolver las manifestaciones convocadas por la oposición. "Y a quienes no cumplan mis órdenes —precisó, para disipar cualquier tentación humanitaria—, me los raspo".

Semanas antes había ordenado el ataque a una sinagoga, el secuestro de un concejal de la oposición en su propio despacho, el asalto vandálico a la Alcaldía Mayor de la capital, el linchamiento moral del cardenal Urosa —a quien él llamaba cómplice de Satán— y el escarmiento carcelario de algunos agentes de la causa opositora.

Antonio Ledesma, entonces alcalde de Caracas, nos contó a los eurodiputados que estábamos allí la desventurada historia de Antonio Dacre, un buen hombre, entrado en años y en carnes, con dos infartos a cuestas, que fue detenido en el mes de enero cuando conducía un camión con megafonía de propaganda antichavista durante una manifestación estudiantil. Un jefe de la policía había llenado la camioneta de Dacre de cócteles molotov a espaldas de su dueño para poder acusarle de transportar sustancias explosivas. No se trataba de ninguna conjetura. Un agente del distrito de Chacao filmó subrepticiamente la fechoría de su superior jerárquico y las imágenes se reprodujeron en los canales televisivos más aguerridos.

A pesar de la elocuencia de las imágenes, que ponían de manifiesto la prefabricación maliciosa de las pruebas inculpatorias, Antonio Dacre llevaba 30 días en una prisión caraqueña. Después de contarnos la historia, Ledesma nos pidió que tratáramos de ayudarle a sacar a Dacre de la cárcel mediante gestiones diplomáticas discretas. Tras la reunión, que duró casi dos horas, un enjambre de micrófonos y cámaras nos aguardaba a la puerta del hotel Pestana. Antonio Ledesma pronunció unas valerosas palabras para animar el voto de todos aquellos venezolanos que no querían ver a Chávez ni en pintura. Luego los periodistas se dirigieron a mí, que ni domino el arte de la diplomacia —gracias a Dios—, ni soy amigo de las medias palabras. La prudencia dialéctica no es mi fuerte.

Me preguntaron cómo veía la situación y dije que había escuchado cosas estremecedoras. No cité a Dacre, para no empeorar su situación, pero ni por un momento dejé de pensar en él cuando afirmé que el uso de la violencia y el amedrentamiento, las afrentas a los derechos humanos y los ataques a la dignidad humana no son en absoluto compatibles con la democracia. Todo lo contrario: "son comportamientos —dije— propios de un dictador".

Algún periodista me preguntó entonces si no temía que pudieran expulsarme del país por haber llamado dictador a Chávez y respondí que si me expulsaban me iría con la cabeza muy alta, en parte porque soy más chulo de lo razonable y, sobre todo, porque jamás pensé que Chávez quisiera llevar tan lejos el castigo a mi locuaz propensión a llamar a las cosas por su nombre.

Pero me equivoqué. A las siete y media de la tarde, seis tipos mal encarados me sacaron a empujones del hotel y me llevaron al interior de un coche blanco sin que mediara ninguna explicación. Hice el ademán patético de tratar de razonar con ellos, pidiéndoles que al menos me dejaran hacer el equipaje, pero sólo obtuve la respuesta de una manaza en el cuello y otra en el brazo izquierdo. Una fuerza bastante bruta me hizo salir catapultado hacia delante, mientras un periodista despistado a las afueras del hotel, cámara en ristre, filmaba la escena. "¡Aparten esa cámara!", bramó el policía que dirigía el secuestro. Ya no oí nada más.

El coche arrancó a toda pastilla, como en las películas, y se unió a una comitiva formada por una furgoneta y cuatro motoristas. "La autoridad electoral le ha declarado persona non grata y ha ordenado su expulsión inmediata del país", me dijo al cabo de un buen rato de silencio espeso un tipo delgado, con bigote y gafas de concha oscura, que se identificó como la autoridad de la Cancillería encargada de velar por mi integridad. Traté de darle palique, más que nada para averiguar a dónde me llevaban, pero el hombre no dejaba de repetir que no estaba autorizado a darme ninguna respuesta.

Me confiscó el móvil y dejó que, por el flanco izquierdo, otro policía me preguntara por qué había dicho que Chávez era un dictador. "He dicho —dije con una serenidad de naturaleza desconocida— que amenazar con gasear a los estudiantes o animar a los policías a reprimir con saña a los proselitistas del no son comportamientos propios de un dictador. ¿Usted no lo cree así?". Pero no me contestó.

Chávez murió cuatro años después de aquello. Maduro ocupó su sitio y mantuvo intactos sus métodos. Durante su mandato, sanguinario y devastador, más de cuatro millones de venezolanos han huido del país. Los que se han quedado no tienen comida, ni medicinas, ni seguridad. La lucha por la dignidad es reprimida a balazos. La vida vale tan poco que la estadística de muertos ha dejado de ser noticia. Y a pesar de la grosera publicidad con que la que el Régimen ventila su supervivencia, aún hay algunos países —Rusia, China, Turquía, Méjico, Ecuador o Bolivia— que defienden la legitimidad del verdugo para seguir ejerciendo el poder desde el cadalso donde condena a las víctimas a la muerte, al hambre y a la indignidad.

El Gobierno de España, al demorar el reconocimiento de Guaidó como presidente venezolano y darle a Maduro la oportunidad de comandar la salida democrática a la crisis de su país —algo peor que un chiste de mal gusto: un insulto a la decencia que debería estar tipificado en el código penal— se sitúa más cerca del bloque de los países comunistas que del frente occidental y arrastra a la Unión Europea a hacer un papelón infame que, con toda seguridad, le acabará pasando factura.

Y lo más triste de todo es que, al final, el despojo de la dignidad no evitará el enfrentamiento. Maduro no se irá por las buenas. Y, mientras tanto, mucha gente pagará las consecuencias. Ha dicho el PSOE, en una nota que se define a sí misma, que utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano para atacar al Gobierno, como hace la oposición, es una actitud sin escrúpulos. Yo creo, sin embargo, que prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano es un delito de lesa humanidad. De esos que no prescriben.

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