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El privilegio vasco-navarro y el socialismo

Lo que nos están diciendo los socialistas es que el sistema foral es molesto para su proyecto federal.

Mikel Buesa
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Aunque en la vorágine de los acontecimientos que envuelven el devenir del socialismo español pueda parecer exótico referirse al asunto del cupo vasco -que en Navarra recibe el nombre de aportación-, no podemos olvidar que, como señaló Keynes en las páginas finales de su Teoría general, "las ideas (…) de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree". Keynes añadió, con seguridad de manera acertada: "En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto". Y por ello nosotros debemos atender a esas ideas, no vaya a ser que cuando algunos de esos "hombres prácticos" a los que aludía Keynes, refiriéndose a los políticos, las saque de su chistera nos pillen desprevenidos.

El caso es que hace poco más o menos una semana el dimisionario secretario general de los socialistas catalanes, Pere Navarro, salió a la palestra para despotricar contra el concierto económico del País Vasco y el convenio de Navarra, a los que identificó con los "privilegios históricos" de ambos territorios. El asunto tuvo su aquel porque, rápidamente, la dirección federal del partido se desmarcó del dirigente catalán afirmando que su idea ni siquiera se contempla y que el PSOE respeta "los derechos históricos de Euskadi y Navarra recogidos en la Constitución". Observe el lector el sutil cambio terminológico: los privilegios son ahora derechos; eso sí, históricos. Y observe también con qué facilidad en las alturas de ese partido se acepta que eso es lo que se contiene en la Constitución, cuando lo cierto es que ésta sólo declara que "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales", puntualizando seguidamente que la "actualización" del régimen foral "se llevará a cabo (…) en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía", lo que nos conduce a evocar el artículo 138, en el que la Carta Magna ordena que las singularidades que contengan esos estatutos no impliquen, “en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Por tanto, si los derechos, por muy históricos que sean, conducen a privilegios, mal andamos.

A estas alturas del debate, el lector me eximirá de argumentar por qué estamos ante un caso, o más bien dos, de privilegio. Simplemente diré que, como ya he señalado con profusión numérica en otro lugar, el problema no está en el concierto económico -que tiene la naturaleza de una ley de armonización que subordina, negando su autonomía, los regímenes fiscales del País Vasco y de Navarra al del conjunto de España- sino en la Ley del Cupo, cuyo contenido, además de conculcar la metodología ordenada por el Concierto, es falso en su totalidad, pues los números que contiene están amañados para que los gobiernos autonómicos de ambas regiones dispongan, grosso modo, del doble de recursos por habitante que todos los demás de España. Si esto no es un privilegio -eso sí, sancionado quinquenalmente por las señorías que se sientan en los escaños del Congreso y el Senado, al parecer habiendo olvidado completamente las nociones de aritmética que les impartieron durante su período de formación en la escuela primaria-, que venga Dios y lo vea. Por tanto, discutir si son galgos o podencos, derechos o privilegios, puede alimentar el narcisismo de los políticos, pero constituye un ejercicio completamente inútil.

Preguntémonos entonces por qué Pere Navarro, secundado enseguida por Ximo Puig, desde Valencia, y Tomás Gómez, desde Madrid, ha sacado el tema a relucir. La razón no es otra que el modelo federal que los socialistas quieren regalarnos a los españoles, a través de una reforma constitucional, y de paso solucionar -¡Dios mío! ¿No será esto un eufemismo intolerable?- el problema catalán. La teoría de esta propuesta aparece reflejada con corrección y claridad en el documento que promovió José Antonio Griñán hace un par de años para pergeñar un modelo federal para España y que publicó en Sevilla la Fundación Alfonso Perales. Si quienes lo ojeen tienen la paciencia de llegar a la página 84, verán en ella que los redactores del informe tuvieron el acierto de distinguir el concierto y el convenio -que, según señalan, "deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional"- del cupo y la aportación -cuya metodología pretenden reformar, aunque sólo para considerar dentro de ella "las transferencias del Estado destinadas a la nivelación financiera" entre las comunidades autónomas, cosa que en la actualidad no se contempla-.

Claro que a Navarro, a Puig y a Gómez todo esto les suena a chino, convencidos como están de que eso del cupo vasco es, como suelen decir los nacionalistas, una cosa muy complicada que sólo entienden los expertos -y no todos-. Ya se ve que a estos políticos socialistas hay que darles papilla y no chuleta, porque se arrugan a la menor dificultad. Y por ello prefieren tirar por la calle de en medio y arremeter contra los "privilegios" destrozando los "derechos". No se sorprendan los lectores si les digo que la inmediata reacción de los partidos políticos vascos, de derecha e izquierda, nacionalistas o no, ha sido unánime en la defensa de ambos. Ortuzar, el más moderado, calificó de "ignorancia tremenda" la de Navarro y compañía, aprovechando la ocasión para evocar el paraíso perdido y afirmar que lo del concierto y el cupo es sólo “una mínima parte de la devolución de la soberanía de los fueros vascos que fueron suprimidos por la fuerza”. ¡Ahí queda eso para quien quiera digerirlo! Más despiadado fue Pastor, el portavoz del socialismo vasco, inculpando a sus colegas por “buscar enemigos fuera” y animándoles a no meterse en camisa de once varas y a encontrar las soluciones “a los graves problemas (…) de convivencia que sufre Cataluña (…) en Cataluña, no en el País Vasco”. Y para rematar con una guinda de pensamiento blando, Borja Sémper, vocero del PP, acusó a los aludidos de querer dar "la imagen de que los vascos (…) [son] unos caraduras que viven del cuento".

¿Qué se desprende de todo esto? Pues para mí es muy claro: lo que nos están diciendo los socialistas es que el sistema foral es molesto para su proyecto federal. Creen que con éste solventarán el problema de Cataluña; eso sí, haciendo que su Gobierno disponga de más dinero por la simple vía de limitar los flujos financieros interregionales, lo que equivale a truncar la solidaridad interpersonal que está implícita en nuestro sistema fiscal; o, lo que es lo mismo, que los ricos se queden con más de lo suyo y los pobres lo sean de solemnidad. ¿Que para lograrlo hay que eliminar las instituciones forales? Pues hágase, parecen decirnos. Tal vez así se logre que los vascos y la mayor parte de los demás españoles acaben despotricando a la limón contra los de Madrid y Barcelona. Ya lo advirtió José Calvo Sotelo en Mis servicios al Estado cuando señaló, reflexionando sobre estos asuntos del cupo a partir de su experiencia en el Ministerio de Hacienda: "[Con] unos mismos Códigos para todo el Reino (…) [en] España se habría desencadenado una guerra intestina más fratricida que la de las armas". El proyecto federal del socialismo se convierte así en el paradigma de la desigualdad entre todos. Y sin embargo, es tan fácil idear un cupo y una aportación que, en estricto cumplimiento del concierto y el convenio, dejen fuera toda sombra de privilegio, que sorprende todo este galimatías socialista. Claro que, si se buscara la simplicidad y no la algarabía, tal vez los del PSOE, de la mano de convergentes y republicanos, no podrían achacar al PP los males de Cataluña y tendrían que buscar las causas en quienes han sido, con ellos, socios de gobierno. ¡Vivir para ver! Como dijo Orson Welles, tomándolo de Shakespeare, en Campanadas a medianoche:

-Oh, Jesús, las cosas que hemos visto. ¡Eh, sir, John!
-Hemos oído las campanadas a medianoche, maese Robert.
-¡Las oímos, las oímos, las oímos!... Jesús, las cosas que hemos visto.

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