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¿Qué hacer?

¿Qué hacer? Pues política. Y sin lamentos, sin cainismos y sin esconder el tipo.

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Como ya he puesto de relieve en Libertad Digital, las elecciones municipales y autonómicas nos enfrentan a una redistribución del poder político en la que la derecha retrocede en favor del centro y, sobre todo, de las fuerzas antisistema izquierdistas y nacionalistas. Esta redistribución no sería demasiado grave si no se viera favorecida por la política de pactos del PSOE, muy influida por el deseo de tocar poder, que se perfila de tal modo que acabará magnificando el papel de Podemos y eventualmente también el de alguno de los partidos nacionalistas emergentes de izquierda. Este planteamiento del PSOE se deriva principalmente del hecho de que su elite dirigente es, en lo esencial, una coalición de perdedores que el partido no ha sabido depurar desde que en la anterior vuelta electoral –municipales y generales incluidas– experimentara un severo retroceso que ahora no ha hecho sino confirmarse. No obstante, conviene destacar que los dos líderes regionales que no entran, por sus propios méritos, bajo esa descripción general, o sea, Susana Díaz y Guillermo Fernández Vara, están planteando la posibilidad de acordar con el PP la gobernación de sus respectivas comunidades autónomas, sin hacer concesiones al izquierdismo.

Es en este marco en el que creo que interesa analizar qué podría hacer el PP para afrontar la nueva etapa política que ahora se abre. Desde mi punto de vista, en este asunto debieran descartarse el inmovilismo –magistralmente interpretado por Carlos Floriano en la noche electoral y sublimado un día más tarde en esa demostración de pachorra conservadora que fue el discurso de Mariano Rajoy ante los suyos– y el pánico –del que ha dado una muestra insólita Esperanza Aguirre–. Hechos esos descartes, lo que ha de afrontarse es una completa renovación de los cuadros dirigentes del partido en las comunidades autónomas en las que sus candidaturas han fracasado, pues si se convierte en una segunda coalición de perdedores, el PP se verá abocado a la misma marginalidad a la que, dentro del sistema bipartidista, ha llegado el partido socialista. En el poco tiempo que ha transcurrido desde las elecciones hemos visto cómo en Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana esto parece haberse entendido y, por tanto, se abre una oportunidad para esa renovación. Se añade a los anteriores el caso singular de Castilla y León, donde no se ha perdido la oportunidad de gobernar, aunque aquí el planteamiento de la renovación tiene matices que enredan más que aclaran. Pero quedan los dirigentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, el País Vasco y Cataluña, que parecen no querer enterarse de que sus resultados no avalan para nada su continuidad al frente de sus respectivas organizaciones.

En esa renovación de sus estructuras y dirigentes regionales, el PP podría aprovechar para introducir procedimientos de participación de los afiliados que pudieran redundar en aumentar la cohesión interna del partido y le ayudaran a reconciliarse con sus simpatizantes y votantes. La principal tarea de Mariano Rajoy en el plano interno es precisamente esta, la de liderar un cambio de estilo, dando más papel a la democracia interna, mientras se enfunda para siempre el dedazo, que tan mal resultado ha dado en estas elecciones.

Pero eso no es todo, porque queda la política con la que afrontar el avance del izquierdismo, al menos hasta las elecciones generales. El PP aún ostenta una parte importante del poder regional y, desde luego, sigue con su mayoría en el Congreso y en el Senado, que puede hacer valer hasta entonces. Y en vez de esperar pacientemente a que llegue el siguiente batacazo, como si la pachorra conservadora fuera una opción de futuro, sobre esa base podría arbitrar un fuerte giro al centro que le permitiera recobrar su identificación reformista. No basta con haber sido reformista en el pasado y haber logrado encauzar la economía en la senda de la recuperación, pues aunque ello sea cierto los electores no tienen por qué estar agradecidos al Gobierno y exigen, con toda razón, ir más allá.

El giro al centro es una política compleja en la que, al menos, deberían incluirse cinco elementos. Primero, la ampliación de la política social, añadiendo a sus dos ejes tradicionales –el de la pobreza y el de la discapacidad– uno nuevo que gravitaría sobre la mujer y en el que se tendría que buscar hacer compatible su vida profesional con su función reproductora. Segundo, la reducción del tamaño de las Administraciones Públicas, singularmente de las autonómicas, con la supresión de elementos que, más que servir al ejercicio de las competencias atribuidas por las leyes, son refugio de paniaguados de partido, cuando no de amigos y familiares. Tercero, la corrección definitiva del modelo de financiación autonómica, no para ampliar sus actuales recursos sino para redistribuirlos de manera que en todas las CCAA del régimen común se reciba la misma cantidad por habitante –teniendo en cuenta, lógicamente, las correcciones que introduce la actual definición de las necesidades de cada territorio en función de sus características demográficas y geográficas–. Cuarto, una política más activa con respecto a la secesión de Cataluña, lo que implica entrar en la arena ideológica y en los debates independentistas, así como una tarea legislativa orientada a sustraer la iniciativa a los nacionalistas, a la vez que se definen los procedimientos a través de los cuales el Parlamento de Cataluña podría plantear, dentro del cauce instituido, la reforma constitucional pertinente a la independencia, tal como ha recordado en varias sentencias el Tribunal Constitucional. Ni que decir tiene que, para esto, el relevo de la actual dirección del PP en Cataluña es ineludible. Y quinto, el País Vasco, al que tengo que dedicar un párrafo separado.

Puede que haya quien no quiera verlo, pero en esta legislatura el PNV ha retornado a su segunda alma, la autonomista, en razón tanto del fracaso que supuso el Plan Ibarretxe como, principalmente, de la recuperación de su hegemonía dentro del nacionalismo. La estrategia ha sido exitosa, como muestran los resultados de las elecciones tanto municipales como para las Juntas Generales; y no se vislumbra ningún cambio de esta orientación en un horizonte de años, para irritación, por cierto, de los independentistas del partido, que están en minoría. El elemento esencial de ese alma autonomista es el foralismo –que en el caso de Álava es más bien vitorianismo; o sea, foralismo sin injerencias bilbaínas–. Se trata de un elemento hoy dominante en el que, desde la perspectiva ideológica, el PNV confluye con el PP, especialmente en Vizcaya y Álava. Es esta congregación en el foralismo lo que puede servir de base para la cooperación política entre los dos partidos. Una cooperación que tendría como finalidad la gobernación de las instituciones forales y municipales –asunto éste que, en el País Vasco, donde la fragmentación política es muy superior a la de otros lugares de España, resulta siempre complicado–, pero que podría ir más allá y entrar en la resolución de la nueva ley del cupo vasco –me temo que, una vez más, reproduciendo el tradicional pufo, en el que, por cierto, confluyen todos los partidos vascos, sean o no nacionalistas–, así como en el problema de los presos de ETA y el final de esta banda terrorista –para el que, como he defendido aquí, una política basada en la experiencia italiana de la desvinculación podría ser válida–.

¿Qué hacer? Pues política. Y sin lamentos, sin cainismos y sin esconder el tipo, asumiendo en cada caso el coste de los reveses sufridos.

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