La Justicia española no deja de ofrecer motivos de asombro gracias a sus continuas innovaciones, a cual más sugestiva. Los últimos en hacer un prodigioso alarde de interpretación imaginativa del Derecho han sido los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo. Cansados de que los mercenarios de la toga que desempeñan los encargos de los políticos en el Constitucional les enmienden la plana en asuntos de enjundia, han decidido hacer en el caso Campeón una de campeonato. Además, por unanimidad.
El auto con el que archivan la causa contra el exministro de Fomento José Blanco es realmente delicioso. En esta pieza jurídica, llamada a crear jurisprudencia en los números casos en los que se sospeche que ha habido un trinque con participación de un cargo público, los tres magistrados firmantes confirman los hechos por los que el juez instructor y el fiscal del caso imputaron al político socialista, pero a continuación dictaminan que tales actuaciones carecen de relevancia penal. Los argumentos son muy interesantes porque de ellos depende la calificación futura de lo que todo el mundo entendía hasta ahora por tráfico de influencias.
Antes de este carpetazo se entendía que los políticos no podían hacer prevalecer su autoridad para beneficiar a particulares en detrimento del interés público. La novedad ahora consiste en que estas gestiones, ajenas al desempeño normal del cargo, pueden ser consideradas como "meras solicitudes de información o gestiones", llamadas simplemente a buscar "el buen fin de un procedimiento". Así pues, si un ministro llama a un alcalde para que reciba a un amiguete interesado en hacer negocios en el municipio y a los pocos días desaparecen las trabas burocráticas que impedían llevarlos a feliz término, en lugar de sospechar que se han vulnerado los principios de objetividad y jerarquía en la actuación de los organismos públicos habrá que felicitar a los dos mandatarios por sus desvelos en aplicar criterios de agilidad administrativa.
La defensa de los implicados en los presuntos cobros ilegales del PP a cambio de hacer ciertas gestiones ante los alcaldes del partido lo tiene muy fácil a partir de hora para lograr la dispensa judicial de sus clientes con todos los pronunciamientos favorables. Sólo tienen que esgrimir ante el juez el argumento central del Tribunal Supremo en el caso del exministro Blanco y proclamar con la mejor de sus sonrisas: "no son corruptos, que estaban informando". Si lo dicen con música, igual hasta les cae una indemnización.