Carles Puigdemont se considera el presidente de la Generalidad, un presidente legítimo y en el exilio. No acató su cese en virtud del 155, pero se presentó a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy al cobijo del mismo artículo. Y ahora sugiere que se plantea volver siempre que el Parlamento le nombre presidente primero. Sus propagandistas sostienen que tal audacia obligaría al Gobierno a detener a todo un presidente de la Generalidad. Así es que Puigdemont habría aceptado por fin que ya no es el president, ni siquiera en funciones. O no.
El plan de Puigdemont desprecia la posibilidad de que la Mesa de la Cámara catalana no pueda forzar un cambio de reglamento para convertirlo en el primer molt holograma president de la Generalitat. O que el Tribunal Constitucional, a instancias o de oficio, suspenda cautelarmente la nueva argucia separatista. En el búnker belga se sigue en la idea de que las flatulencias emanadas por una Mesa del Parlamento de mayoría independentista están por encima de toda regla y norma, sea la Constitución o el Estatuto en verso. Para Puigdemont, no ha cambiado nada, salvo en lo relativo a que le ha ganado a Junqueras en su duelo particular y que entre ambos y la CUP retienen la mayoría absoluta.
Que con toda la vaina del supuesto exilio y la gran represión haya más electores que prefieran a Arrimadas es que ni lo contempla; que Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis estén en prisión preventiva en gran parte por su culpa también le da lo mismo, igual que la fractura social, el empobrecimiento y la inestabilidad. Al parecer, nadie en el búnker se atreve a informarle de que para tener una mínima opción de ser elegido presidente de la Generalidad lo primero que debería hacer es dar la cara y regresar a España. Necesita que alguien de su círculo le aclare que cuando sea detenido no será como presidente de la Generalidad sino como prófugo; que todo eso del president legítimo valía en campaña, pero ya no sirve de nada; que nadie, y menos en ERC, compra la parida de la investidura telemática que proponen los fanáticos más alucinados.
Por otra parte, las dificultades de comprensión de la realidad no son exclusivas de Puigdemont. También Junqueras necesita un abogado que le explique que el Tribunal Supremo no es la Santa Inquisición, porque de otro modo no se entiende la propensión del preso a exhibir su fe católica. Y si en realidad el Supremo tuviera algo de inquisitorial, menos se comprende que el preso pida clemencia antes que perdón, que es de primero de catecismo.