Los dirigentes políticos separatistas se quejan de la feroz represión del Estado. Es más, no se quitan de la boca la palabra represión, como si España fuera la suma de Rusia, Cuba y China, una especie de estructura diseñada para triturar a los catalanes independentistas que cada día pide su dosis de dolor ajeno. El retrato que dibujan del Estado y de sus miserias bajo la bota española tiene que conmover a quienes ignoren por completo la realidad y desconozcan detalles como los sueldos que ese mismo Estado paga a quienes se consideran más torturados, perseguidos y damnificados.
Por ejemplo, Laura Borràs, a la sazón presidenta del Parlamento de Cataluña, se embolsa 157.000 euros al año, que es uno de los sueldos más altos de España para un cargo público. Casi dobla el sueldo del presidente del Gobierno (85.000 euros) y rebasa de largo el del presidente de la Generalidad (135.000). Pues bien, esta señora se considera una víctima del Estado, una mujer perseguida por el aparato judicial, un objetivo a abatir, el centro de una conspiración estatal para acabar con el independentismo.
La última hora de Borràs es que dijo que no permitiría que se retirara el escaño del Parlament a un diputado de la CUP condenado por desobediencia, pero se lo ha retirado ella y a la primera, aunque tratando con disimulo de que se notara lo menos posible. Hasta ha echado la culpa a los funcionarios de la cámara con el argumento de que temían que el Código Penal se desplomara sobre sus cabezas.
Doña Laura Borràs es conocida en Cataluña por su verbo inflamado, por su pose de mujer echada palante, por su genio y por la manera de maltratar a los diputados de Vox, Cs y PP, a los que se dirige con desgana, desdén y desprecio y les corta la palabra sin miramientos. Su mala educación es proverbial y se agudiza cuando preside los plenos. No ha habido presidente del Parlamento catalán menos apto para el cargo, y estamos hablando de una institución del Estado autonómico por la que han pasado gentes como Heribert Barrera, Ernest Benach, Núria de Gispert o Carme Forcadell.
La cuestión es que la Bien Pagá presumía de ortodoxia y celo independentistas, de control y manejo de la situación, de que ni el Estado ni sus jueces se entrometerían en el Parlamento, de que ella no habría retirado el escaño a Quim Torra y tal. Así es como construyó su propia leyenda, una sarta de baladronadas que cayeron con estrépito el jueves pasado, cuando se descubrió el pastel de que el cupero desobediente, Pau Juvillà, carecía de escaño desde que la Junta Electoral Central dio la orden a tal efecto.
¿Y ahora qué? Pues a seguir cobrando y a esperar que se agote la legislatura, porque 157.000 euros al año son 157.000 euros al año, aunque te los pague el Estado más represor del mundo.