Las fuerzas vivas del separatismo no tienen ningún interés en el decaimiento del 155 porque, tal como lo aplica el Gobierno, es un chollo. La estructura de cargos de confianza de la Generalidad está prácticamente intacta; la escuela, en pie de guerra; TV3, también, y las bases, movilizadas en la creencia de que, como dijo un comentarista de la televisión autonómica durante la retransmisión de la final de baloncesto entre el Real Madrid y el Fenerbaçhe de Estambul, "el 155 nos está masacrando". Y no se refería a Doncic, que lleva el dorsal 7, ni a una estrategia de Pablo Laso.
Lo que el separatismo quiere es que decaiga el control sobre la malversación de los recursos públicos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un préstamo con todas las ventajas de la Hipoteca Sí Se Puede que una caja separata ha concedido a los Ceaucescu de Galapagar, pero con la garantía del Estado. No obstante, la vigilancia de Montoro es tan amistosa y constructiva que Puigdetorra sabe que eso no se aguanta como excusa para negarse a apañar un Ejecutivo en el que todos sus miembros tengan intacto el derecho a deambular por España, aunque sean racistas fanáticos, promotores del apartheid étnico-lingüístico de la inmersión, connotados supremacistas o exterroristas no arrepentidos pero especialmente bien reinsertados en el tejido sociosindical del catalanismo.
Mucho se ha hablado de la primera cosa que hizo el presidente Torra, que fue viajar raudo y veloz a Berlín para postrarse ante el pastelero loco, que es como los separatistas críticos se refieren a Puigdemont. Mucho menos se ha comentado la segunda anotación en la agenda del Mengele de letras catalán, su emotivo encuentro con los exterrroristas catalanistas Carles Sastre y Frederic Bentanachs en una concentración a favor de la libertad de los golpistas presos. Sastre y Bentanachs no se pierden una. Son los hermanos Badia del siglo XXI, referentes del patriotismo catalán de asesinos y torturadores que reivindica Torra en sus libros rollo Mein Kampf y en los mensajes de texto en el Twitter.
Por otra parte, no sería nada descabellado suponer que en España es perfectamente legal el que dos procesados por rebelión en prisión provisional y dos prófugos de la Justicia española tengan derecho a ser nombrados consejeros autonómicos por un presidente regional. Puigdemont se pudo presentar a las últimas elecciones sin problemas tras haber abolido la Constitución en Cataluña y fugarse luego a Bélgica, de modo que en algún recoveco jurídico estará de seguro la clave para que presos y fugados manejen sus asuntos de la mafia desde la trena. El tiempo muerto de Rajoy favorece al separatismo, que a trancas y barrancas va lidiando el pulso al Estado.