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Las urnas están en las sacristías

La única oposición tolerada en Cataluña es la de quienes son partidarios de un referéndum pactado. Toda otra disidencia ha sido aniquilada.

Pablo Planas
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Archivo/EFE

La única oposición tolerada en Cataluña es la de quienes son partidarios de un referéndum pactado. Toda otra disidencia ha sido aniquilada. Los que están en contra de la convocatoria de la Generalidad deben añadir inmediatamente que son partidarios de una consulta acordada con el Estado, abominable maquinaria represiva dirigida por el partido de la corrupción. Y a pesar de tales aclaraciones preventivas les está cayendo la del pulpo por traidores fascistas. La defensa de un país unido es una pura excentricidad que sólo se menciona en círculos de mucha confianza. La tesis jacobina no tiene espacio en los medios catalanes ni siquiera como coartada para identificar al enemigo con mayor precisión. Se tolera la tercera vía, la nación de naciones, el federalismo asimétrico. Todo lo demás es franquismo, el mismo franquismo que se practica en Francia.

Hay un amplio sector de la sociedad tan movilizado como fanatizado. No aceptan argumentos ni razones. Existe una cosa llamada derecho a decidir y lo van a ejercer el próximo domingo contra viento y marea mientras menudean los llamados a la resistencia y a montar colas en los centros para impedir, de producirse, una intervención policial. Se suceden las apelaciones a la intifada en los claustros académicos y religiosos. El último rumor sitúa las urnas en las sacristías, con los mosenes prestos a repartirlas el domingo en otra catalanada de libro Guinness.

Están en juego la democracia y los derechos civiles, braman los maestros de la escola, los monjes benedictinos y las asociaciones de boy scouts. Parecen zombies, redactan fetuas y se sienten héroes llamados a hacer historia arrastrados por unos políticos nacionalistas parapetados tras "la gente" como el Gobierno se escuda en el fiscal superior de Cataluña y en un coronel de la Guardia Civil para no asumir su responsabilidad. Pase lo que pase el domingo, la fractura ya se ha consumado. La soberanía nacional es historia. Hay más posibilidades de que prospere una moción de censura contra Rajoy que de que se aplique el artículo 155 de la Constitución. Además, ya es tarde para todo en Cataluña. A medio plazo se llevará a cabo un referéndum con todas sus consecuencias.

El triste y demencial episodio del barco decorado con dibujos de la Warner para hacinar policías en el puerto de Barcelona es el reflejo de la impotencia de un Gobierno desprovisto del cuajo y el coraje necesarios para hacer frente a un golpe de Estado. La última hora en torno a esa vergüenza flotante es que fue la compañía de entretenimiento estadounidense quien pidió que se ocultaran las imágenes de Piolín, Silvestre y compañía para evitar el riesgo de que la marca se asociara a la Policía Nacional y el problema catalán.

Como en los más desgraciados episodios de la historia de España, un hatajo de políticos incompetentes rodeado de pelotas pisotea la Nación y a sus servidores peor pagados y más leales. ¿No había hoteles para la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña? Sí, pero las quejas de los empresarios ante las caceroladas que se montaban a las puertas de sus establecimientos llevaron al Ministerio de Interior a idear la solución de los cruceros. Aún no ha dimitido nadie.

Ese mismo hatajo de lechuguinos consiente la insubordinación del jefe policial de los Mossos y va a comparecer este jueves en la Junta de Seguridad convocada por el líder de los golpistas, Carles Puigdemont. El Gobierno ha perdido la batalla del relato (con perdón de la expresión) y los mossos no van a requisar urnas ni a impedir nada. Sólo esperan a que pase el domingo como los policías y guardias civiles esperan la orden de retirada para volver a su casas.

El golpe nacionalista ha triunfado. Controlan medios, escuelas, universidades, sindicatos, a la policía autonómica, 17.000 uniformados, a la mayoría de las policías locales, y están acostumbrados a incumplir sentencias judiciales (derechos lingüísticos, por ejemplo) sin que los Gobiernos de España hayan hecho nada durante décadas. ¿Por qué debería ser distinto esta vez?

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