Hay un par de jueces en Barcelona que tienen sus dudas sobre la proporcionalidad de la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1-O. No investigan la pasividad de los Mossos, sino un presunto exceso de celo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en cumplimiento de la orden judicial en varios colegios electorales. El primero, de la Audiencia provincial, insta a una jueza de Manresa a reabrir la instrucción de las denuncias de unos vecinos de San Juan de Torruella (Sant Joan de Vilatorrada) sobre la supuesta brutalidad de la Guardia Civil con el extemporáneo argumento de que la votación carecía de valor. El segundo juez está tomando declaración a 24 agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la ciudad de Barcelona porque considera que pusieron en riesgo "la normal convivencia ciudadana". Ellos, no Puigdemont, Junqueras, Mas y los demás.
Como el carácter de los autos y resoluciones de tales magistrados es del agrado de los golpistas, gozan ambos de un grato anonimato. Los medios catalanes, ya sea en noticias o artículos, les dispensan un trato de privilegio como ejemplos de que es posible una justicia independiente y equilibrada, la que a buen seguro, dicen, traerá la república catalana. El caso es que ni a uno ni a otro les tienen marcados los Comités de Defensa de la República (CDR) ni la CUP, a diferencia de lo que le sucedió al difunto Juan Antonio Ramírez Sunyer y lo que le pasa a Pablo Llarena, instructor del 1-O ajeno ya al procedimiento.
Contra ellos valía y vale todo. Los identificaron, señalaron y ridiculizaron en esos mismos medios públicos y subvencionados que ahora preservan la identidad de los jueces que investigan a guardias civiles y policías nacionales y publican pulcras crónicas sobre las indagaciones de esos dos respetables y anónimos magistrados que nada tienen que ver, según la retórica socialista, podemita y separatista, con el resto de jueces españoles, unos "inmorales" que suben las hipotecas, sueltan a los violadores y mantienen en la cárcel a "hombres de paz" como Junqueras.
Dicen los separatistas que no hay justicia y puede que tengan razón porque mandan a los CDR a echar estiércol a las puertas de los juzgados y como no pasa nada, marcaron el miércoles (otra vez) el domicilio familiar de Llarena en San Cucufate (Sant Cugat), en plan "kristallnacht". Y lo cuelgan en las redes con orgullo puesto que ya lo han hecho más veces y saben que nadie les va a importunar, ni a ellos ni a sus jefes. Qué gran documento gráfico para los jueces de Schleswig-Holstein, el portal de la vivienda de su colega español Llarena pintarrajeado de amarillo por dos "activistas" de "Arran", la nata montada de las juventudes catalanistas. A la familia Ramírez Sunyer consiguieron echarla por las bravas de su apartamento alquilado en la playa. Si el piso de la familia Llarena es de propiedad, ya pueden ir pensando en vendérselo.
Mientras tanto, dos jueces llevan a cabo su trabajo en Barcelona sin la más mínima interferencia porque consideran que el referéndum era una broma y que los de la porra se pasaron. Parece que han comprado el bulo de que el Estado retuvo a sangre y fuego Cataluña cuando la realidad es que sólo hubo que lamentar tres porrazos y la pérdida de un ojo humano. Al llegar a sus casas no se encontrarán con pintadas.