Hay quienes creen que es exclusivamente la Constitución Española la que hace que tengan consistencia absoluta los conciertos vasco y navarro. O, si se quiere y, además, la Ley Electoral que aumentó el peso político de los nacionalismos. Sabido es cómo se reconocían en su Disposición Adicional Primera los privilegios forales –derechos, se dice- procedentes del carlismo decimonónico.
Pero consta también en la historia que fue Cánovas del Castillo el que decidió atribuir a las diputaciones forales la función de recaudación de impuestos fijando el pago de un cupo fiscal al Estado debido a los servicios prestados en tales territorios. Fue el origen conservador del autonomismo asimétrico que seguimos padeciendo y al que debe unirse el trato privilegiado y proteccionista para Cataluña. El caso del cava extremeño no es más que la última evidencia.
El PSOE, que en un principio pareció no estar de acuerdo con la fórmula constitucional que apaciguaba, así se creyó, el separatismo vasco en un momento de gran tensión por los asesinatos de ETA, se avino a ella y hasta ahora ha guardado casi cuarenta años de silencio. Pero ahora, y ante el mutismo de Pedro Sánchez en asuntos vascos y catalanes, ha sido la Junta de Andalucía, con Susana Díaz tras el telón, la que ha planteado con claridad el futuro del sistema autonómico –o federal- español.
El PSOE andaluz cree que no será posible un nuevo modelo de financiación equitativo para todas las Comunidades españolas si no se discute, al mismo tiempo, la existencia del cupo vasco. A misa. Por ello, insiste en un cambio de modelo y no de mera reforma. El cambio implica que las comunidades dispongan de la suficiencia financiera para que los servicios públicos se presten "en régimen de equidad e igualdad con el resto del territorio". La existencia de los conciertos forales y la sospecha de un futuro pacto fiscal para Cataluña imposibilitarían esa solidaria estructura autonómica –o federal-.
¿Qué hará el PP?
Pero ¿qué hará el PP? ¿Seguirá el camino renqueante de un Pedro Sánchez que habla de naciones catalana, vasca, gallega y española sugiriendo su predisposición a tratos favorables a dichas regiones de España nadie sabe por qué? ¿O hará visible que su defensa de España es la defensa de toda España y no la de una España irregular y cambemba?
Para ello, no tendrá más remedio que tratar de terminar con todos los privilegios fiscales que benefician descaradamente a País Vasco y Navarra e impedir cualesquiera otros en el futuro. Siempre habrá diferencias entre las Comunidades Autónomas y serán justas si son consecuencias de sus políticas propias de atracción de inversiones y de gestión de los recursos y servicios. Pero no debe haberlas en su trato de origen desde el Estado.
Sobre todo, es el PP andaluz el que tiene dar la talla en este asunto que, como tantos otros, se le escapa de las manos a su actual dirección. En 1996, poco antes de las elecciones de marzo que dieron la victoria al PP, Javier Arenas, presidente entonces de los populares andaluces, cuestionó la existencia del concierto económico del País Vasco por ser "discriminatorio" para el resto de los españoles. El PNV tardó pocas horas en exigir al PP vasco un desmentido oficial por considerar intocable el discutido cupo, "el nervio, la gasolina de la autonomía vasca", como lo calificó Iñaki Anasagasti.
Posteriormente, en 2008, Javier Arenas llamaba "concierto de agravios" a los privilegios obtenidos por vascos y navarros en los presupuestos de 2008. Para el viejo dirigente popular andaluz, "lo más triste" de esta situación era que Chaves, en lugar de defender los intereses de Andalucía, estaba de rodillas ante Zapatero. Que fueran otros tiempos no significa que hoy se tengan otras ideas. ¿O sí
De momento, Susana Díaz y Ciudadanos se han vuelto a coger de la mano en la consideración de los conciertos forales como un obstáculo para una nueva estructura autonómica –o federal- de España que tenga en cuenta la equidad en la distribución de los recursos públicos a las diferentes Comunidades.
¿Qué hará el PP? Lo que haga dependerá mucho de lo que haga el PP andaluz, que puede callar como terminó callando Arenas. Pero también puede ponerse al frente del "resto de España" para dar paso a un modelo autonómico en que los privilegios sean sustituidos por un trato equitativo que anime a la competencia leal entre todas las regiones de España para mejorar la vida de sus ciudadanos.