Inmigración ilegal

Los 50 primeros inmigrantes subsaharianos repatriados desde Fuerteventura han sido trasladados hacia la capital de Mauritania, Nouakchott, con el objetivo de ser devueltos a sus países de origen, Malí y Senegal. En un principio, se esperaba que fueran acogidos en el nuevo centro construido por el Gobierno español en Nuadibú. El campamento fue levantado por un grupo de militares españoles que se desplegó allí el pasado martes. Defensa no informó de su despliegue hasta tres días después.

Imran Firasat y Jenny Setiawan han pedido el asilo al Gobierno español para poder quedarse en nuestro país ya que su deportación es inminente. Él es un paquistaní musulmán y ella es una indonesia budista, y como las leyes de sus países no permiten el matrimonio entre individuos de religiones diferentes, no podrían permanecer juntos fueran devueltos a sus países. De hecho, uno de sus hijos, nacido en Pakistán, no ha sido registrado aún porque ni las autoridades paquistaníes ni las indonesias lo reconocen.

Desde el pasado martes están desplegados en Mauritania 35 ingenieros del Mando de Salamanca. Han levantado en una escuela abandonada un centro de acogida con capacidad para 160 inmigrantes. A los grupos parlamentarios no se les comunicó el envío de este contingente hasta tres días después, cuando lo hizo el JEMAD Félix Sanz Roldán. En la sesión de control del miércoles el PP ya criticó que el ministro Bono haga "tanto énfasis" en la importancia de la autorización parlamentaria previa al envío de militares al exterior y luego decida obviar este trámite.

La consejera madrileña de Inmigración, Lucía Figar, acusó a Moratinos de actuar con "absoluta inmoralidad, cuando en enero se congratulaba de que habían descendido los inmigrantes que llegaban en pateras y conocía que era porque se los había tragado el mar". Figar denunció que el Gobierno ha trasladado en avión desde Canarias a Madrid en lo que va de año a 600 inmigrantes "sin comunicarlo a tiempo al gobierno regional", lo que tachó de "deslealtad". Mientras, efectivos de la Guardia Civil detuvieron este jueves a 37 inmigrantes indocumentados que se dirigían en un cayuco al sur de Tenerife.

El Gobierno aseguró este miércoles que actuó desde un principio tras recibir "muchos" informes sobre la intensidad de la inmigración desde Mauritania, pero el líder del PP, Mariano Rajoy, consideró que la Fiscalía General del Estado debería investigar de oficio la "ocultación" de esas informaciones sobre muertes "masivas" en el Atlántico. El Gobierno se ha visto obligado a rectificar a Rubalcaba y admitir que conocía este informe.

Alfredo Pérez Rubalcaba negó que el Gobierno tuviera un informe de diciembre de 2005 en el que se alertaba de la muerte masiva de inmigrantes procedentes de Mauritania, "porque si hubiera llegado, se hubiera actuado como se ha actuado ahora". Después de que Bono desvelara la existencia de esa nota, el secretario de Estado, Antonio Camacho, no sólo ha reconocido el informe, sino que ha dicho que se tomaron medidas nueves meses antes del mismo y que la Guardia Civil ha salvado a 10.000 personas. Algo de lo que no debía estar informado tampoco Moratinos, que dijo recientemente que la situación no era "alarmante".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigió este martes que la Fiscalía General del Estado investigue la muerte de entre 1.200 y 1.700 inmigrantes, que habrían fallecido en aguas próximas a Mauritania tras intentar arribar de forma clandestina a las costas canarias. La AUGC asegura que la sociedad española "tiene derecho a conocer qué ha fallado y quién es el responsable de que el Gobierno de España haya tardado casi tres meses en adoptar medidas cuya necesidad ya se detectó a finales del año pasado".

El Gobierno está respondiendo de una nueva crisis de pateras, como quien descubre, de pronto, que existe un país de un millón de kilómetros cuadrados y tres millones de habitantes, al sur de Marruecos, llamado República Islámica de Mauritania. La idea repetida por Fernández De La Vega, este sábado, y por López Aguilar, este domingo, es que el foco del tráfico clandestino se ha desplazado a la costa mauritana como consecuencia de la cooperación de España y Marruecos contra la inmigración ilegal.

El PP criticó este martes que el Gobierno no haya puesto en marcha un acuerdo que España firmó con Mauritania en 2003 sobre inmigración, y anunció que pedirán la comparecencia del ministro del Interior, José Antonio Alonso, en el Congreso para que aporte datos acerca de un informe de la Guardia Civil.