Inmigración ilegal

Dos de las 119 personas que este miércoles llegaron en un cayuco a la isla canaria de La Gomera han fallecido, informaron a fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias. Entre los supervivientes hay tres personas que están en mal estado de salud, de ellas una en situación grave, por lo que han sido trasladadas a centros hospitalarios.

Treina de ellos conseguieron su objetivo. Este es el número de inmigrantes interceptados hasta el momento en distintos barrios de Melilla, según ha señalado la Delegación del Gobierno. Sin embargo, fueron medio centenar los que intentaron "colarse" cruzando en tromba por una zona cercana al puesto fronterizo de Beni Enzar, en la que unas compuertas dañadas por la lluvia se mantenían abiertas.

El Gobierno lleva meses asegurando que una de sus prioridades es trabajar por una inmigración legal por lo que defendía expulsar a todo aquel que se encontrara en situación irregular. Sin embargo, los datos llevan la contraria al Ejecutivo. Según informa El Mundo, sólo se expulsan al 28 por ciento de los inmigrantes que tienen una orden para abandonar España. En total existen 121.790 expedientes sin tramitar. El Ministerio del Interior se justifica asegurando que la deportación de los sin papeles "es un proceso muy complicado".

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado la próxima reforma de la Ley Electoral de Andalucía para crear una circunscripción única con los votos de los emigrantes de modo que éstos cuenten con representación directa en el Parlamento andaluz. El problema es que una medida de estas características no sólo no fue prevista en el Estatuto andaluz, aprobado hace apenas un año, sino que choca frontalmente con su articulado. Tampoco algo de esta índole está previsto en la Constitución.

En una enmienda al Proyecto de Ley sobre Seguridad, los senadores de la Liga del Norte han propuesto implementar en Italia un permiso de residencia por puntos, similar al carné de conducir, que aumenta o disminuye según el comportamiento de su titular y puede ser expulsado si los pierde. Además, los legisladores de la formación política incluida en el Gobierno de Silvio Berlusconi piden celebrar consultas públicas en los ayuntamientos para la construcción de templos de confesiones religiosas que no hayan firmado acuerdos con el Estado.

Un total de doce inmigrantes subsaharianos han intentado entrar en Ceuta en la madrugada de este martes saltando la valla que divide España y Marruecos ayudados por escaleras de madera. Sin embargo, agentes de la Guardia Civil, alertados por las cámaras de seguridad, pudieron interceptarlos y devolverlos al país africano. Asimismo, otros dos indocumentados fueron localizados mientras intentaban llegar a Ceuta a nado con aletas y trajes de neopreno por lo que los agentes del Instituto Armado los devolvió igualmente a Marruecos.

Las declaraciones del responsable italiano de Inmigración, Roberto Maroni, han levantado ampollas en el Gobierno. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pidió este jueves al Gobierno de Silvio Berlusconi que centre su discurso político en el Pacto Europeo de Inmigración, en lugar de hacer "declaraciones diciendo que ahora Italia tiene un problema y que después lo va a tener en España". El gobierno rumano admite que "el ambiente es mejo aquí que allá".

Amnistía Internacional y diversas asociaciones de inmigrantes han rechazado la idea del Gobierno de elevar la estancia en España de uno a cinco años para poder reagrupar a los ascendientes (padres), medida anunciada el miércoles por el ministro Celestino Corbacho. Esta reforma "recorta" sus derechos y encaja "en la línea de endurecimiento" aplicada en esta legislatura, y muestra el fingido discurso del Gobierno, que sólo provoca "incertidumbre y desconcierto" en los inmigrantes.

El doble rasero del Gobierno socialista suma un nuevo capítulo en materia de inmigración. El ministro Corbacho ha anunciado una reforma de la Ley de Extranjería que contempla, entre otros aspectos, que la reagrupación familiar a los ascendientes (de hijos a padres) de los inmigrantes sólo se pueda pedir tras cinco años de residencia permanente en España. Argumenta el titular de Trabajo e Inmigración que es entonces cuando "una persona va a formar parte de la realidad española".