Inmigración ilegal

La Fiscalía de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), coordinada por Jorge Fernández Caldevilla, abrió una investigación sobre la llegada de menores marroquíes ilegales al Principado procedentes de otras comunidades al asegurar éstos que los billetes "se los habían pagado los servicios sociales del Gobierno vasco", según informaron fuentes de la fiscalía. El fiscal de menores denunció que los centros de acogida de menores no acompañados se encuentran "saturados".

Los marroquíes son los ciudadanos extranjeros más numerosos de los que cotizan a la Seguridad Social en España, superando así a los ecuatorianos, también con más de 260.000 afiliados. El número de cotizantes extranjeros en el sistema ha aumentado en febrero en casi 29.000 personas, por lo que el número total se acerca a 1.900.000. Cataluña, Madrid y Valencia son las comunidades españolas que más afiliados foráneos acogen.

Los 44 inmigrantes de origen subsahariano rescatados del interior de una patera que fue avistada a primera hora de la tarde del jueves a 35 millas al sur de Tenerife llegaron minutos después de las 02:00 horas de la madrugada de este viernes al puerto de Los Cristianos (Tenerife). Según informaron fuentes de Salvamento Marítimo, en esa patera viajaban además tres inmigrantes fallecidos que llegaron al mismo puerto trasladados por la Salvamar "Alphard". Además, otros dos subsaharianos fueron transportados en helicóptero a sendos centros hospitalarios de Tenerife, por su estado de gravedad.

El Gobierno concederá en 2007 más permisos de residencia a extranjeros ilegales que en la última regularización masiva de 2005. Según una estimación que este sábado publica La Razón, unas 600.000 personas se beneficiarán de la regularización "por arraigo", prevista en el llamado Decreto Caldera, y de la integración en la UE de Rumanía y Bulgaria. Mientras tanto, la situación del barco con 373 indocumentados interceptado en aguas próximas a Mauritania se complica por momentos. El Gobierno de Nuackchott sigue reticente a aceptar su desembarco, a pesar de que España ha puesto sobre la mesa un pago de más de 600.000 euros. Cruz Roja ha denunciado las condiciones inhumanas de los expedicionarios y las graves enfermedades de algunos de ellos.

Detenidos cuatro hombres pakistaníes y una mujer española, implicados en la falsificación de documentación y tramitación de matrimonios ilegales entre inmigrantes que querían regularizar su situación en España y mujeres españolas. Las cantidades desembolsadas por cada uno de los servicios delictivos oscilaban entre los 5.000 y 12.000 euros.

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, ha afirmado este miércoles –sin ningún tipo de consideración con la labor del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera– que su proyecto político "puede asegurar el éxito a la hora de afrontar" el fenómeno de la inmigración. Tampoco ha hecho ningún favor al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando ha insistido, como nueva propuesta, en la importancia de que exista una "voluntad política de trabajar coordinada y cooperativamente" en todos los escalones de responsabilidad.

La Asociación de Rumanos ha indicado que "en los próximos meses" más 750.000 sin papeles rumanos normalizarán su situación en España tras la entrada de este país en la Unión Europea. Junto con los que ya se encuentran en situación legal, España acogerá en 2007 a un total de un millón. La Asociación ha asegurado que España no sufrirá "ninguna invasión" aunque ha matizado que a su modo ver "el mercado español necesita más trabajadores". Tal situación también afectará a unos 25.000 búlgaros. A partir del 1 de enero formarán parte de la UE. Ante tal perspectiva, los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús por Caldera han comunicado que el Ejecutivo establecerá una moratoria de 2 años para el acceso de estas personas al mercado laboral. Si bien, la Asociación cree que el Gobierno eliminará estas restricciones.

La nueva orden del Ministerio de Economía sobre envío de remesas desde España, que entró en vigor el pasado 12 de febrero, encarecerá hasta en un 50 por ciento el coste del servicio para el cliente, según la Asociación Nacional de Agencias de Envío de Dinero (ANAED). Esta orden prevé la obligación de identificar al remitente y de justificar el origen de los fondos para envíos que superen los 3.000 euros al trimestre, lo que obligará a las empresas remesadoras a un esfuerzo en personal y equipos. Economía rechaza esta idea, aludiendo a que la mayoría de los inmigrantes no supera los 300 euros enviados al mes.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García-Arreciado, ha dicho este jueves que el Ministerio del Interior se está planteando no instalar otro dispositivo en la frontera que separa la ciudad autónoma de Marruecos para controlar la inmigración irregular debido a su alto coste. El Ejecutivo se gasta más de 70 millones de euros en repatriaciones, acaba de hacerse cargo de todos los gastos derivados de la repatriación de casi 300 inmigrantes en Mauritania, además de conceder un crédito de más de 600.00 euros a este país africano para la lucha contra la inmigración, pero el delegado del Gobierno afirma que los estudios han determinado que "la simple valla actual es un elemento suficiente, además de que la sirga tiene un coste elevado".