El caso Azud ha desvelado nuevas informaciones acerca de la trama corrupta del PSPV-PSOE durante la campaña electoral del año 2007. En el auto emitido se describe una presunta estrategia de pagos vinculados a dicha campaña donde se llegaron a pactar, según la resolución judicial, un total de 484.480,46,46 euros para cinco empresas que realizaron actos electorales para los socialistas valencianos durante aquella campaña. Una serie de cantidades que fueron abonadas a Gigante Edificaciones y Obras, empresa vinculada al empresario Joaquín Pastor Rico, implicado en el caso.
El auto localiza estos pagos dentro de una trama más amplia relacionada con Jaime Febrer y el Grupo Axis. Las pesquisas sostienen que Febrer habría perseguido resultados favorables para sus intereses mediantes personas vinculadas al PSOE y que existe la posibilidad que ocurriera un "peaje" para obtener actuaciones administrativas concretas.
Otro de los nombres que aparece en el auto es José Luis Vera Llorens, al que esta resolución judicial le encarga un papel de intermediario entre Febrer y diferentes instituciones. El auto indica que Vera quiso desbloquear el problema de suministro de agua del PAI El Espartal, en Xixona, y que contactó con Joan Navarro, en aquel momento director de Relaciones Institucionales de Acuamed.
El auto atribuye a Vera la percepción de 940.000 y 500.000 euros, un total de 1,44 millones, mediante contratos que la instructora considera una cobertura de presuntas comisiones ilícitas.
La investigación también menciona al histórico dirigente socialista Rafael Rubio, relacionado en el auto con regalos, contactos con el entorno de Febrer y movimientos económicos. La resolución recoge 197.256 euros ingresados en efectivo mediante 77 imposiciones entre 2007 y 2013 en cuentas compartidas con su esposa.
El juzgado ha acordado continuar las actuaciones por los trámites del Procedimiento Abreviado, por lo que ahora serán las acusaciones quienes deberán decidir si solicitan la apertura de juicio oral.