Era previsible, pero no por eso menos criticable. La decisión del Tribunal Supremo ha estado en consonancia con el Gobierno. No sólo ha aceptado la propuesta de la Fiscalía General del Estado, que sólo responde a los dictados de Zapatero, sino que critica con un cinismo sin par lo que los propios magistrados legalizan, que no es otra cosa que lo demandado por el Gobierno. La Sala 61 del Tribunal Supremo ya ha pasado a la historia. Será juzgada por las próximas generaciones como un Tribunal injusto por su falta de solidez política y democrática y, sobre todo, por su incoherencia jurídica. El historiador futuro necesitará argumentos, documentos, en fin, fuentes para reconstruir con rigor la perversa sentencia que ha emitido esta Sala para que los asesinos de ETA vuelvan a las instituciones locales. Sin duda alguna, hallará ese tipo de información, pero nadie piense que es una verdad compartida y al alcance de cualquiera.
El investigador tendrá que emplearse en serio en la búsqueda de fuentes para situar adecuadamente la actuación de este Tribunal, porque puede dejarse arrastrar por una verdad incontestable. En efecto, el futuro historiador leerá, sin duda, la prensa de estos días y constatará verdades "fácticas", hechos conocidos por todos los ciudadanos, por ejemplo, "Zapatero consigue que ETA vuelva a los Ayuntamientos", "Zapatero no aplica la Ley de Partidos para legalizar ETA". Todos esos ejemplos pueden leerse bajo un denominador general y común para los futuros historiadores de esta época. "Mientras que el anterior gobierno de Aznar ilegalizó a Batasuna, es decir, a ETA, el gobierno socialista de Zapatero 'legaliza' el terror."
Es comprensible que bajo esa constatación inequívoca muchos pasen por alto el comportamiento de la Sala 61. Más aún, que existan análisis que vuelquen todas sus críticas contra el Gobierno y dejen pasar el auto terrorífico de estos magistrados. Terrorífico, sí, porque legaliza a los terroristas a participar, o mejor, a manipular y ejercer el terrorismo desde las instituciones locales. Terrorífica decisión la del auto y, sin embargo, todo lo publicado hasta ahora sobre el comportamiento de la Sala 61 tiende a ocultar sus responsabilidades en la legalización de ETA. En efecto, los más legalistas insistirán que, de acuerdo con el sistema acusatorio español, poco podía hacer el Tribunal Supremo. Los dogmáticos y críticos abstractos del sistema jurídico seguirán obstinados en que la "justicia española" está podrida. Y la mayoría de los "bienpensantes" analistas, siempre políticamente correctos, resaltarán que los magistrados de la Sala 61 se han limitado a aplicar de modo "positivista" las normas vigentes.
Cien excusas, en fin, se esgrimirán para salvar este auto lleno de maldad contra los ciudadanos de este país. Pero, quien vea limpiamente los pobrísimos "argumentos" que en él se esgrimen, no dejará de resaltar que esta sala es la imagen fiel de la "justicia", o sea, de la injusticia española. La precariedad doctrinal del derecho, la leve justicia racional a la que aspira el Estado de Derecho, ha sido utilizada para salvar únicamente el pellejo de unos magistrados injustos y fariseos. La seguridad contingente del derecho, máxima pretensión de los juristas decentes, ha sido cedida por la sala al "derecho del más fuerte", el Gobierno. Al fin, este bochornoso auto, que acusa cínicamente a la Fiscalía y la Abogacía del Estado de falta de solidez jurídica, cae no sólo en lo que crítica, es decir, en incoherencia jurídica, sino que, además, carece de solidez política y democrática. Sí, sí, falta de solidez política, porque el Tribunal Supremo, nadie lo olvide, imparte o, mejor, debería impartir, sobre todo, "justicia política".
