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Internet y Justicia

Recientemente han tenido lugar algunas decisiones policiales y judiciales que marcan bien el camino que se ha de seguir a la hora de juzgar hechos relacionados con Internet. La más sonada ha sido la decisión unánime del Tribunal Supremo de Estados Unidos de admitir que Grokster puede ser demandable por los grandes estudios y discográficas. Aunque mantiene viva la jurisprudencia del caso Sony, en que aseguró que esta empresa no era responsable de que la gente empleara sus vídeos para piratear, pues el vídeo tenía usos legales como el de grabar un programa para verlo al día siguiente. En principio, las redes P2P pueden seguir funcionando sin problemas legales, siempre y cuando no promocionen activamente los usos ilegales de su invento. Grokster lo hizo en su día y por eso se la puede demandar. Otras redes P2P, en cambio, no lo hacen y, como Sony en su día, no se les puede poner pleito. Al menos, según esta sentencia. Esperemos que las próximas no vayan en contra de ese precedente.
 
Un caso bastante más anecdótico ha sido la detención en Florida de un hombre de 41 años que se conectaba a través de la línea WiFi del vecino. Ha sido acusado de conexión no autorizada a una red de computadoras, un cargo que, sin duda, no se estila por aquí. En todo caso, parece una decisión lógica. Conectarse a través de un vecino, aunque deje su red WiFi sin protección por contraseña, ha de ser igual de ilegal que entrar en la casa de alguien, aunque la puerta esté abierta. Otra cosa es que, en muchos casos, pueda arreglarse con una amabilísima reconvención personal, antes que con una denuncia a la policía. Claro que no sabemos si esa conversación se produjo o no en este caso.
 
Ambos son buenos ejemplos de cómo se debe trasladar la ley del mundo real al mundo virtual de las redes. Utilizar el sentido común para buscar algo del primero que se parezca a aquello del segundo que queremos juzgar y así guiarnos. Algo que no han hecho, por ejemplo, en Argentina, al condenar a Jujuy.com a pagar 18.000 dólares porque alguien dejó en su libro de visitas un mensaje anónimo con injurias y el propietario del sitio web no lo retiró hasta que no se enteró de su existencia a través, precisamente, de la denuncia.
 
Otro mal ejemplo, mucho más cercano, lo tenemos en la condena a la Asociación de Internautas por alojar la web de una plataforma anti-SGAE que, al parecer, empleaba un lenguaje un poco grueso. El barullo que debe aposentarse en la cabeza del juez puede vislumbrarse por su esforzada gramática:
 
En cualquiera de los casos habría de responder de los contenidos antes dichos pues si se presta el servicio a la Plataforma es responsable también de los contenidos de esta pues por el simple hecho de ser el prestador del servicio que presta el dominio o subdominio, como bien subrayó el Ministerio Fiscal adquiriría responsabilidad sino por dolo si por negligencia al permitir utilizar en su dominio manifestaciones injuriosas pues si bien el representante legal de la Asociación ha declarado que el no ejerce control sobre los contenidos, lo cierto es que el que presta un servicio ha de controlar lo que se publica en sus páginas pues si presta su dominio para que se publiquen unos contenidos también puede y debe impedir que se publiquen si son ilícitos, al menos civilmente como ocurre en el presente caso.
 
Si no han conseguido entenderlo no se preocupen. Lo raro sería lo contrario. Siento manchar estas páginas con semejante sintaxis, pero creo que es iluminador ver como escribe un juez que tiene las santas narices de asegurar que quien alquila una casa es responsable de los delitos que sus inquilinos puedan cometer en ella. Por supuesto, las consecuencias de aplicar esta curiosa teoría jurídica incluirían el que los foros y las bitácoras dejaran de admitir aportaciones de los usuarios, de ningún tipo. Del mismo modo en que los propietarios dejarían de alquilar si les hiciesen responsables de las actividades de sus inquilinos. Lo que es una pena es que los dos buenos ejemplos los tenga que sacar de Estados Unidos y los malos sean países de nuestra órbita cultural, el nuestro incluido. Parece que algo falla en nuestra justicia.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

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