Que el PER nacional del PSOE se desarrollaba en torno a dos ejes fundamentales, la propaganda –destinada a ocultar la dura realidad de la crisis a los españoles– y el caos –resultante de una absoluta inoperancia y desinterés en gestionar el humo que habían vendido previamente– era algo que ya advertimos hace dos días. Justo el tiempo que ha tardado Zapatero en anunciar una rectificación de su plan con tal de revigorizar una campaña publicitaria que ya estaba haciendo aguas por todos los costados; dicho de otra forma, justo el tiempo que ha tardado el presidente del Gobierno en admitir implícitamente sus auténticas intenciones.

La configuración inicial del subsidio de 420 euros mensuales para los desempleados que habían agotado su prestación tenía tres importantes defectos, dos estéticos y uno de fondo: sólo se otorgaba a quienes hubiesen perdido su trabajo a partir del 1 de agosto de 2009, no se había dotado a las oficinas del INEM de los medios adecuados para solicitarlo y, sobre todo, no servía para remediar, sino más bien para empeorar, la lacra del paro y de la crisis económica en España.

Fiel a sus preocupaciones cosméticas, el PSOE ha anunciado cambios –sin demasiada concreción– en los dos primeros puntos, aquellos que más a corto plazo repercutían sobre los desempleados y que más difícil explicación tenían frente a la opinión pública. El martes José Blanco prometió mayores esfuerzos por parte del Ejecutivo para informar mejor sobre el nuevo subsidio y ayer Zapatero anunció la ampliación de su PER a un mayor número de parados.

Nada dijeron, por supuesto, de adoptar las necesarias reformas estructurales que doten de flexibilidad a los distintos mercados españoles y entre ellos, de manera destacada, al mercado de trabajo. Con o sin diálogo social, los cambios son imprescindibles para no sumir a nuestro país en una duradera depresión a la japonesa; a saber, abaratar el coste del despido, disminuir las cotizaciones a la Seguridad Social, facilitar la movilidad geográfica y funcional y reducir el poder colusorio de los sindicatos para elevar artificialmente los salarios en un período de caídas de precios.

Debería resultar evidente que la forma de combatir una sangría laboral generada por las propias regulaciones del Gobierno no es repartir el dinero de los españoles que todavía trabajan entre los españoles a los que el Estado impide trabajar, sino eliminar desde un principio tan absurdas restricciones. Lo contrario no es más que una hipoteca que Zapatero carga a todos los ciudadanos para no dar marcha atrás en su fracasadas convicciones socialistas ("el mercado cambió la crisis", "los trabajadores no van a padecer las consecuencias de una situación causada por la codicia", "es la hora de la socialdemocracia"...) que al parecer ni siquiera fueron tamizadas por las dos tardes de economía que Jordi Sevilla le prometió.

Sin duda, todo esto es de esperar en un político populista como el líder del PSOE, dispuesto a convertir España en un páramo con tal de mantenerse en el poder. Lo sorprendente –y desazonador– es que una oposición, supuestamente cercana al liberalismo, sólo sepa aplaudir y celebrar iniciativas desastrosas como esta que, para más inri, había criticado con bastante acierto desde un principio. Perdido en una maraña de acusaciones probablemente ciertas pero que no ha sabido probar, el PP busca nuevos frentes para criticar al Gobierno pero, sin embargo, no se le ocurre plantear alternativas en la que, hoy por hoy, es la principal preocupación de los españoles: la economía.

En definitiva, tras dos días en los que la propaganda ha estallado en forma de caos, Zapatero propone ampliar un plan todavía falto de contenido con tal de sufragar una terapia remoralizante para su electorado y el PP lo saluda como un paso en la buena dirección. Será que el primero está dispuesta a sacrificar la economía por su ideología y el segundo está dispuesto a sacrificar la economía y su ideología con tal, piensan, de suceder a Zapatero.