Podrá ETA permanecer en las instituciones de la mano de Bildu y podrá Rubalcaba mofarse de las víctimas y de los demócratas, incluidos los militantes del PP, pero nada de ello parece ser suficiente para que Rajoy se decida a ejercer de Oposición denunciando el abierto proceso de demolición institucional que el Gobierno y la ETA se llevan entre manos.
El arriolismo, esa falaz teoría de que el PP debe dejar de ser el PP para no movilizar el voto de la izquierda, arrambla incluso con la hemeroteca. Insistió la plana mayor de los populares que la presencia de ETA en las elecciones de mayo sería la prueba del algodón para averiguar si el PSOE continuaba enfangado en el lodazal batasuno. Finalmente, el algodón se ha tornado negrísimo, pero Rajoy se niega a moverse, no sea que denunciar que los terroristas van a seguir nutriéndose del erario público moleste a las masas durmientes de votantes sociales.
Poco parece importarle al líder de los populares que más de un 60% de los españoles esté, por puro sentido común y por pura defensa de sus libertades, en contra de esa legalización de Bildu por la puerta de atrás que ha perpetrado un Tribunal Constitucional infestado de jueces politizados. El liberalismo simpático del nuevo PP no tiene ni siquiera una mala palabra para quienes han permitido que ETA continúe recabando dinero e información de las instituciones democráticas para seguir atentando contra todos nosotros.
Por fortuna, parece que dentro del partido todavía quedan destacados militantes y dirigentes que no se resignan a que a los terroristas se les entregue maniatado el Estado de Derecho. Sin ir más lejos, el presidente de honor del PP, José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el ex ministro del Interior y ex secretario general, Ángel Acebes, han sido todos ellos muy claros a la hora de ejercer de Oposición, no ya sólo contra el Gobierno sino también contra la ETA.
Una tarea esencial que, sin embargo, no les corresponde a ellos, sino a Rajoy. Mas el gallego prefiere centrarse –y sólo a medias y de mala manera– en la economía. Habrá que recordarle al líder de la Oposición que sus obligaciones son las que son –defender el ordenamiento jurídico español como garante de las libertades de todos los ciudadanos– y no las que le gustaría que fueran –por ejemplo, dedicarse al esparcimiento deportivo–. Si no quiere asumirlas, lo tiene sencillo: que le ceda su asiento a cualquier otro político popular que sí esté dispuesto a defender la legalidad y los fallos judiciales acordes con la misma. Lo que no es de recibo es que la (mala) estrategia electoral de Arriola degenere, deliberadamente o no, en una pasiva colaboración por parte del PP para que Bildu permanezca en los consistorios vascos y navarros. Todo tiene un límite y el PP no debería traspasar la línea roja de la complicidad con ETA que él mismo le impuso al PSOE.