Muchas cosas se le pueden reprochar a Herodes, rey de Judea, salvo la de pretender pasar a la Historia como si de un gran protector de la infancia se tratara. Valga esta reflexión como introducción a las palabras con las que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha tratado de convencernos este miércoles de que, lejos de ser uno de los principales responsables políticos del escándalo de los ERE, ha sido su denunciante: "Esta legislatura se recordará por el momento en que el Gobierno tomó decisiones sobre los ERE. Tomó decisiones denunciando, investigando y, al mismo tiempo, acusando a cualquier culpable, caiga quien caiga".
Y esto nos lo dice Griñán cuando aún resuena su clamoroso silencio en la entrevista de Canal Sur Radio de hace escasos dos días ante el último capítulo de este escándalo, como es el de que parte del dinero de los ERE se dedicó a pagar cocaína, alcohol y juergas.
Por mucho que ahora pretenda desmarcarse de la legislatura en la que Chaves presidía la Junta, Griñán era en esos momentos el consejero de Economía, lo que le hace ser más directamente responsable, desde el punto de vista político y, tal vez, penal de ese monumental fraude. Fue a Griñán, como responsable de Economía y Hacienda, al que iban dirigidos los informes de la Intervención General del Estado de 2005, 2006 y 2007 que advirtieron reiteradamente del irregular y absolutamente descontrolado procedimiento administrativo escogido para tramitar los polémicos ERE y las ayudas a empresas en crisis. Griñán hizo caso omiso de todas esas advertencias, por lo que las subvenciones se siguieron concediendo sin pedir documentación ni comprobar su uso.
Si como consejero de Economía y Hacienda Griñán no hizo nada para evitar que ese fraude se cometiera, como presidente de la Junta no ha hecho otra cosa que impedir que se conociera el monumental alcance de esta trama de prejubilaciones falsas e ilegales. Así, durante su mandato, el Partido Socialista ha denegado en el parlamento de manera sistemática la creación de Comisiones de Investigación. Eso, por no hablar de la campaña de desprestigio contra la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya, a quien Alfonso Guerra dedicó insultos sexistas que provocaron una más que justificada protesta por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Si algo caracteriza a Griñán en su fase de presidente de la Junta, además del silencio sobre este caso, han sido sus intentos de establecer cortafuegos para no tener que asumir responsabilidades políticas. Tal es el caso de la increíble declaración de hace unos meses de su fiel y actual consejera de Economía y Hacienda, Martínez Aguayo, en la que aseguraba que, siendo entonces viceconsejera del ramo, no informó a Griñán de los alarmantes informes de la Intervención General.
Aun dando por cierto que Griñán no fuera informado de tan alarmantes y preceptivos informes, la incompetencia de su nº 2 no le exime a él de su responsabilidad in vigilando. Y es que, por mucho que Griñán diga ahora que ha "denunciado, investigado y acusado", lo cierto es que, además de él, hay al menos diez consejeros de su Gobierno salpicados por este escándalo y ni uno solo ha sido cesado o ha presentado su dimisión.
Y ahora nos sale con el "caiga quien caiga". Lo dicho, un Herodes presumiendo de proteger a la infancia.