Malos tratos y malas leyes

El caso del maltratador reincidente que ha asesinado durante un permiso carcelario a su novia, poco antes de intentar matar a su ex mujer y herir a dos vecinos y a un policía que trataba de detenerle, ha puesto trágica y nuevamente en evidencia el fracaso de la Ley contra la Violencia de Genero y la escandalosa falta de medios para combatir este tipo de delitos que desde hace unos años no ha hecho más que aumentar.

Así lo ha denunciado, y así lo suscribimos, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, para quien la actuación política es "una fantochada impresentable que se destina a grandes titulares", pero que no garantiza de verdad la seguridad de las mujeres. A su juicio, "hay pocos medios y los pocos que hay no funcionan" para luchar contra la violencia doméstica, al tiempo que ha denunciado oportunamente la necesidad de revisar la legislación que permite dar un permiso carcelario a un preso potencialmente peligroso.

Ciertamente, y tal y como dijimos en su día, la Ley contra la Violencia de Genero, por mucho que satisficiera los fines propagandísticos del Gobierno, es una norma que no sólo quebranta la igualdad ante la ley –al establecer tipos penales distintos en función de cual fuera el sexo del delincuente– sino que no va al fondo de la cuestión, como es la necesidad de medios policiales y judiciales y la fijación de una penas severas que se cumplan íntegramente para eviten la proliferación del delito.

A este respecto el comunicado emitido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el que se desvía la responsabilidad del caso a los funcionarios que supuestamente no detectaron la alarma que emitió la pulsera de control que llevaba el interno durante su salida, no debería de ser sino otro motivo de queja más a los ya expresados por los sindicatos policiales.

Aquí los que han fallado no son ni los funcionarios ni los dispositivos electrónicos, sino unos responsables políticos y judiciales que ponen el acento en la propaganda y en la reinserción del delincuente en lugar de hacerlo en su deber compartido de mantener a los verdugos alejados de sus potenciales victimas. Tal es el caso del Gobierno de Zapatero, que se gasta cientos de millones en un absurdo y estéril –pero propagandístico– Ministerio de Igualdad, al tiempo que mantiene en un estado de absoluta precariedad a las unidades policiales que deben proteger a las mujeres que sufren de violencia doméstica. También parece ser el caso, desgraciadamente, del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien ha asegurado que "no hay que criticar" los permisos carcelarios porque éstos son "esenciales para la reinserción" del delincuente y porque no se puede hacer pagar a "justos por pecadores".

Desde luego, para "justos por pecadores" ahí están la mujer asesinada y las personas heridas que han pagado con su vida y su integridad física esa filosofía progre del Derecho que pone más énfasis a la reinserción que a la función punitiva y disuasoria de la pena. Aquí lo que es "esencial" es erradicar la inmensa cantidad de delitos que se producen en nuestro país durante unos permisos carcelarios que no hacen más que poner en entredicho el cumplimiento íntegro y efectivo de la pena y, con él, todo nuestro sistema de Administración de Justicia.

Lo que es un hecho es que ni la propagandística sensibilidad del Gobierno hacia la mujer maltratada, ni un mal entendido derecho de reinserción del delincuente constituyen el camino para atajar una violencia que no hace más que aumentar.