Tras ocultar el problema de crisis económica y nacional que padece nuestro país, tal y como han hecho los socialistas hasta las elecciones generales, el gobierno parece decidido a recurrir a cualquier maniobra de distracción que pueda ocultar su pavorosa falta de soluciones.
Buen ejemplo de esas cortinas de humo son las "líneas fundamentales de la acción del gobierno" para los próximos cuatro años que ayer anunció la vicepresidenta Fernández de la Vega en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, y que no son otras que un "estudio" de la reforma electoral, la recuperación de la aparcada reforma de la Constitución y el Senado o la "revisión" de la Ley de Libertad Religiosa.
De todas ellas, la que más humo tiene –y la que más atención captará hoy de los medios– es la de la reforma de la ley electoral. Desde aquí nos hemos pronunciado en innumerables ocasiones a favor de una reforma que reduzca el peso, injusto y letal, que tienen las minorías nacionalistas, y queda patente, ciertamente, si comparamos el número de votos y escaños que tienen formaciones como IU o UPyD y los comparamos con los que tienen CiU o el PNV. Sin embargo, es propio de ilusos el creer que este Gobierno pretenda llevar a cabo semejante reforma electoral, por mucho que, con ese objetivo, haya pedido un informe, "con carácter inmediato", al Consejo de Estado.
Para empezar, el Gobierno de Zapatero ha hecho caso omiso del Consejo de Estado cuando sus informes –perceptivos pero no vinculantes– contrariaban sus proyectos, como quedó patente con ocasión de la tramitación del estatuto soberanista catalán. En segundo lugar, los nacionalistas no van a respaldar una reforma que les reste peso político, por no hablar del hecho de que los descontentos con el actual régimen electoral no coincidimos en qué reforma llevar a cabo. La propuesta de UPyD e IU, que el Gobierno de Zapatero simula atender con este "estudio", y que pasa por el abandono de la circunscripción provincial, exigiría una reforma de la Constitución, al igual que sucedería con un hipotético cambio al sistema mayoritario.
Otro tanto podríamos decir de las propuestas de reforma constitucional ya planteadas en la primera legislatura de Zapatero, tales como las relativas a la que exige la reforma del Senado, la inclusión de los nombres de todas las comunidades autónomas, la erradicación de la prelación del varón en el orden de sucesión a la Corona o la que pudiese reclamar nuestra incorporación a la Unión Europea. Individualmente consideradas no habría mayor objeción que hacerles sino fuera porque, en conjunto, pretenden dar carta de naturaleza constitucional a unos cambios, como los que se han llevado a cabo en Cataluña y ya se perfilan en el País Vasco, que nada tienen de acordes con nuestra Carta Magna.
Vista, sin embargo, la renuencia del PP de Rajoy a ser un factor de "crispación", tanto como su intención de caer simpáticos a los nacionalistas, no hay que descartar la posibilidad de que estas reformas de nuestra Carta Magna se lleven a cabo y oculten de iure las reformas indeseables y carentes de consenso que se han llevado a cabo de facto.
Finalmente, la "revisión" de la Ley de Libertad Religiosa, anunciada con la excusa de que "hay que adaptarla a la pluralidad actual", es tanto una cortina de humo como una nueva muestra de la deriva liberticida y radical de este gobierno en nombre del laicismo. Para empezar, una ley que, acorde a nuestra Constitución, salvaguarda la libertad religiosa, no tiene sentido alguno adaptarla a ninguna pluralidad, ya sea presente, pasada o futura, pues respeta dicha cambiante pluralidad en todo momento. Cosa bien distinta es que el Gobierno de Zapatero, en nombre del laicismo, pretenda, por la artera y ya conocida vía de la reforma de una ley de rango inferior, cercenar los derechos constitucionales de práctica y formación religiosa que la Carta Magna y la libertad defienden, tanto en el ámbito público como privado.
El Gobierno de Zapatero ya ha dado hado muestras de su liberticida concepto de "laicidad", y la propia Fernández de la Vega mostraba ayer, por ejemplo, su rechazo al convenio que permite a religiosos formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos. Pero tanto la Ley de Libertad Religiosa de1980 como la Constitución consagran, sin embargo, el principio de que "las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas".
A la vista está, en definitiva, que las reformas anunciadas por Fernández de la Vega son cortinas de humo, pero de un humo denso y peligroso que bien puede distraernos de la crisis nacional y económica que padece España y ocupar en su lugar la agenda política, tanto del Gobierno como de la oposición.
