El Tribunal Constitucional no suspenderá el pleno del Parlamento de Cataluña donde se debatirá y votará si España sigue existiendo. Leo que una de las razones para adoptar tan bizarra resolución es que no hay antecedente de haber suspendido una sesión parlamentaria. Es un argumento falaz porque tampoco hay precedente de que en ninguna asamblea autonómica se haya planteado nunca un debate semejante. Una cosa es dejar que se tramite una ley por ver si con las enmiendas lo que empezó estando contra la Constitución acaba siendo conforme con ella y otra muy diferente es considerar constitucional que se discuta y vote la existencia de España.
Puedo comprender las pocas ganas que tendrán los magistrados de hacer lo que tendría que estar haciendo el Gobierno, mucho más cuando tienen que hacerlo sin los poderosos instrumentos que obran en manos del Ejecutivo. Puedo entender que lo que les pida el cuerpo sea hacer una higa a todos los políticos y mandarlos a escardar cebollinos. Pero da la casualidad de que nadie les puso una pistola en el pecho para ser magistrados del Tribunal Constitucional y son muchas las prebendas de que disfrutan por serlo. La cobardía de quienes deberían haber actuado y no lo hacen tiene como consecuencia el que tengan que ser ellos quienes asuman la responsabilidad. Y, sea o no justo, están obligados a hacer todo lo que en su mano esté para impedir que una cámara en abierta sedición debata y vote el ser mismo de España y que todos podamos seguir siendo españoles. Entre otras cosas, porque es inconstitucional. Para que algo lo sea no es necesario que se apruebe. La votación, el debate y la admisión a trámite también lo son cuando la declaración que debatir y votar proclama algo tan groseramente inconstitucional como que Cataluña se independice de España.
Lo peor de todo es que cuando los independentistas acusan al Tribunal Constitucional de ser un órgano político tienen razón. Es verdad que ellos, que han representado a todos los españoles en las Cortes, podían haber tomado las iniciativas legislativas que hubieran considerado pertinentes para que dejara de serlo y no lo hicieron. Pero lo de que los magistrados del Constitucional obran conforme al interés político es algo más que una sospecha. Y por eso es muy probable que el permitir que se debata y vote la declaración haya sido una decisión política basada en el argumento de tener la fiesta en paz, a ver si el asunto descarrila antes de que la votación se lleve a cabo. En último extremo, habrán pensado que ya habrá tiempo de declararla inconstitucional si se aprueba. Lo de siempre, dejar que pase el tiempo sin hacer nada a ver si los independentistas se hartan de serlo, se pelean entre ellos o se bajan del tren todos los que lo son sólo de boquilla, que quizá sean más de lo que parece. Pues nada, a seguir esperando.