Estamos de acuerdo en que el sistema político que sufrimos es un asco. ¿Quién tiene la culpa? La Constitución, por supuesto. La Constitución es culpable, para unos, de dar excesivas competencias a las Comunidades Autónomas, si no de crearlas. Para otros, lo es por ser demasiado rácana con determinadas regiones que en realidad son naciones. También lo es de inventarse un Senado que no sirve para nada. Y es igualmente responsable del sistema electoral, que es el que ha generado esta casta política que sólo sabe vivir de desgobernarnos.
Los que con más inquina señalan a la pobre con el dedo son los políticos. Es la forma que tienen de librarse de sus muchas responsabilidades. Los nacionalistas dicen que frena sus aspiraciones y los socialistas, que tiene la culpa de al menos no saber colmarlas, y por eso hay que convertir España en un Estado federal. Unos y otros olvidan que España es ya una federación y, respecto de Cataluña y el País Vasco, una confederación. Y lo es, precisamente, no por culpa de la Constitución, sino porque no se respeta. Si el Gobierno del PP es favorable a conservarla no es porque valore lo que significa, sino porque cree, con razón, que, pudiendo haber consenso para modificarla, no lo hay para determinar en qué dirección.
De forma que el verdadero problema de España es el sistema político, desde luego, pero no por ser el de nuestra Constitución, sino por ser contrario a ella. No tiene sentido decir ahora que la Constitución no nos sirve porque han pasado ya 35 años desde que se aprobó, cuando lo que sucede es que no se cumple. Y siendo de ello responsables los políticos, que se han hartado de aprobar leyes y estatutos inconstitucionales, quien tiene la obligación de defenderla de los muchos abusos que ha padecido, el Tribunal Constitucional, no le va a la zaga. No sólo porque no ejerce esa defensa, sino porque además sanciona con ominosa solemnidad las inconstitucionalidades que perpetra la casta.
El ejemplo más claro lo tenemos en la reciente sentencia del matrimonio homosexual. El artículo 32 dice: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio". No dice "Los españoles tienen derecho" o "Todos tienen derecho" o "Se reconoce el derecho". Para la Constitución, el matrimonio es el de un hombre con una mujer. Si Zapatero, y con él a lo mejor toda España, quería que los homosexuales pudieran contraer matrimonio, podría muy bien haberlo permitido cambiando la Constitución. Pues no. Se hace una ley, y si alguien protesta ya vendrá el Tribunal Constitucional a explicar por qué es constitucional lo que no lo es. Y todos aplauden. Los pocos que no lo hacen apelan a sus creencias religiosas. Y el Constitucional no está para decir cuándo las leyes se ajustan o no a la doctrina de tal o cual iglesia, sino cuándo una ley es constitucional, y ésta no lo es. Pero qué más da. No pasa de ser una ley más. Pobre Constitución Española.