La corrupción de los políticos es más llamativa. Afecta a la credibilidad del sistema y es, por tanto, más perseguida, aunque sólo sea en los medios de comunicación. Pero el hecho es que ninguna de las corrupciones desde el felipismo hasta aquí –incluido el cambalache de Villalonga que tanta imagen de impunidad ofreció– hubiera sido posible sin la complicidad y el concurso de los funcionarios, a lo que se ve, sometidos a un sistema de incompatibilidades de insoportable levedad.
Eso de que fallan los mecanismos de control no es una noticia. Llevan fallando ininterrumpidamente. Fallan más que una escopeta de feria. Es incluso un eufemismo, porque los mecanismos de control no fallan, simplemente se pringan. Incluso la más benéfica de las instituciones del funcionariado intervencionista, la Agencia Tributaria, es motivo permanente de escándalo. Nuestros mecanismos son más bien de descontrol. Hay tramas enteras de funcionarios corruptos. Se desconoce el caso de alguno que haya acudido a denunciar el intento de compra o la oferta de trabajo en la actividad privada. ¿Quién ha robado, por ejemplo, los sumarios de los casos Gil de los Juzgados de Marbella? De seguro, funcionarios.
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